El Gobierno andaluz ha asegurado en un comunicado que "no existe ningún argumento" que permita sustentar las sospechas de irregularidad sobre la financiación de estas delegaciones y que estos servicios "se han financiado siempre a través de programas específicos del presupuesto de la Consejería de la Presidencia".
Al contrario de lo que afirmó el PP, la fórmula utilizada ha sido siempre la de la subvención, ya que hasta el 2004 ha sido a través de convenios anuales entre la Consejería y el IFA, y desde ese año a través de subvenciones nominativas anuales a la Agencia IDEA, ha añadido.
Asimismo, ha indicado que es "falso" que la Intervención General advirtiera a la Junta de la irregularidad de este procedimiento, que es "distinto" del utilizado para las ayudas que están siendo investigadas por el juzgado.
En todos los casos, según el Gobierno regional, "se trata de subvenciones con la preceptiva fiscalización" y con gastos que cuentan "con la correspondiente justificación conforme a las obligaciones legales".
Ha explicado que el procedimiento de la subvención no es el de la transferencia de financiación y que, aunque ésta "no es delictiva" y está "recogida en la legislación vigente", en este caso no se ha empleado.
En este sentido, ha negado que se trate de fondos que evitan el control del Parlamento y ha calificado de "trampa" del PP la denuncia que hizo esta formación.
El Gobierno andaluz ha lamentado que el PP "intente criminalizar globalmente su gestión con falsedades, utilizando documentos internos de forma sesgada y fraccionada" con la intención de intentar "manipular a la opinión pública".
Por ello, la Junta ha reiterado a los ciudadanos "su compromiso en la salvaguarda del interés general, evitando el mal uso de los fondos públicos y persiguiendo hasta el final cualquier acción irregular en ese sentido".
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