En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los trabajadores hacen alusión a la solicitud en la administración por parte de la empresa de la autorización para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la plantilla.
Dicha autorización no fue aprobada por la Inspección de Trabajo al considerar que las causas presentadas no estaban suficientemente probadas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla.
Los trabajadores, por otra parte, se encuentra en situación de alta laboral en la seguridad social, razón por la cual se ven imposibilitados para tramitar la prestación por desempleo, a pesar de las múltiples gestiones que la plantilla está llevando a cabo para tratar de regularizar su situación.
Así, el abogado que representa los intereses de estas personas, José Ramón Barrero, ha explicado a Europa Press que, a falta de un estudio más detallado de la documentación --se encuentra a la espera de que le sean otorgados poderes para comparecer y recabar la información correspondiente--, podrían existir "indicios" de un presunto fraude en lo que respecta a las extinciones, varias de las cuales "se amparan en un presunto ERE que no está aprobado".
Barrero ha explicado que si el devenir del caso madura en la confirmación de estos indicios sería el momento de interponer una denuncia por vía judicial, si bien ha expuesto que "lo que más prisa corre, de entrada, es que normalicen su situación y empiecen a cobrar algo, pues se han quedado en la más absoluta indigencia".
Y es que, según el letrado, los trabajadores habrían firmado los finiquitos en una situación en la que "se les han dado unas expectativas totalmente erróneas", con un "engaño manifiesto" en cuanto al consentimiento que han prestado.
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