La Audiencia de Almería ha suspendido este miércoles la vista oral señalada para los días 15 y 16 de mayo contra el exalcalde de Albox (Almería) Francisco Torrecillas y un edil del que fue su equipo de gobierno, José Simeón Campoy, quienes se enfrentan a penas de siete años de prisión por unas obras en una rambla.
La suspensión se ha debido, según han apuntado fuentes judiciales a EFE, a la enfermedad que presenta el exregidor, que solicitó que la vista fuera aplazada tras sufrir una caída por una escalera desde una altura de tres metros el pasado 15 de abril.
La Audiencia de Almería ordenó que un médico forense emitiese un informe que determinase si Torrecillas estaba impedido para ser juzgado en la fecha prevista, que ha servido de base para adoptar esta decisión.
En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal señala que en julio de 2017 el regidor albojense y el que entonces era su concejal de Obras decidieron de "común acuerdo" pavimentar el cauce de dicha rambla.
Aunque ambos "eran conocedores de que la obra requería autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía", "pensaban" que esta institución no "concedería" este permiso.
Según el fiscal, a pesar de que saber que la obra "no se ajustaba a la legalidad", Torrecillas "decidió llevarla a cabo sufragándola con fondos municipales sin dictar ninguna resolución, ni tramitar expediente administrativo en el que se emitiera informe jurídico por el secretario de la corporación", contando presuntamente con la colaboración del edil Campoy.
El Ministerio Público afirma que los dos "decidieron disfrazar la naturaleza del contrato, celebrando un contrato de obras pese a tener conocimiento que la empresa no efectuaría obra alguna", al saber que el importe del hormigón encargado superaría los 18.000 euros que la legislación "vigente en la época" establecía como límite para un contrato menor".
Presuntamente, Simeón, de acuerdo con Torrecillas, ordenó a una funcionaria que redactara este contrato de obra "indicándole todas la circunstancias que debería hacer constar", antes de que la empresa que suministró el hormigón presentara ningún presupuesto.
Precisa que dicha mercantil sólo habría hecho constar el precio del hormigón, un total de 30.250,61 euros. En el contrato Campoy figuraba como ponente, y se encontraba rubricado por el edil y el alcalde, así como por el interventor municipal J.S.R., también acusado por el fiscal y que se enfrenta a cinco años de cárcel.
"El contrato de obra tenía un presupuesto total de 49.948,50 euros de los que 25.000,50 correspondían, según el contrato, al "hormigonado la Rambla". El interventor firmó el contrato, autorizó el gasto y el pago sin formular reparo alguno", dice el fiscal, añadiendo que sabía que el alcalde y el concejal habían "preparado un contrato de obra simulado".
El fiscal pide dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio a Torrecillas y Campoy, para los que también pide la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años por un delito de prevaricación, y cinco años más de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, por el que también acusa a J.S.R.
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