Un Juzgado de Almería enjuiciará el próximo viernes a 28 activistas de Greenpeace que se enfrentan a penas individuales de un año de prisión por pintar de negro la fachada del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), con la leyenda 'Hotel Ilegal'.
Fue el 11 de mayo de 2014 cuando llevaron a cabo esta acción reivindicativa, tal y como recuerda en una nota la organización ecologista, que subraya cómo dicho hotel se levantó hace más de 18 años y desde entonces lucha para derribarlo.
Han recordado que en su día el Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento y archivo del caso por no apreciar delito alguno por parte de los activistas y, de hecho, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera (Almería) llegó a acordarlo en mayo de 2016.
Sin embargo, la Audiencia de Almería ordenó su reapertura tras un recurso de Azata del Sol, una decisión que ha provocado que "28 personas lleven una década con sus vidas en suspenso a la espera de saber si serán condenados por un posible delito de daños en el inmueble ilegal".
Insisten en que Azata del Sol, la promotora del hotel, es la única que se ha personado en la acusación y reclama un delito de daños y otro delito de desobediencia para cada una de las personas acusadas.
“La misma empresa que ejecutó el símbolo de la destrucción de la costa y del agotamiento de un modelo turístico que nos está asfixiando es la que pide que se juzgue a quienes defienden la legalidad. Es el mundo al revés. La Justicia no puede ser cómplice de este desatino”, ha declarado Eva Saldaña, directora de Greenpeace.
"Son las administraciones públicas quienes deben llevar a Azata a los tribunales y reclamarle los ocho millones de euros que costará la desaparición del mamotreto ilegal y la restauración de la zona”, ha añadido.
El 11 de mayo de 2014 los activistas señalaban con un enorme punto negro el hotel ilegal, situado en el paraje de El Algarrobico, a 14 metros del mar y dentro de una zona de especial protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. "Han tenido que transcurrir diez interminables años para que las 28 personas acusadas afronten el juicio que dirimirá si defender la legalidad tiene un coste".
La actividad se realizó en un espacio público según la Orden Ministerial de 2005 que estableció que, según la Ley de Costas, el hotel se asienta sobre la llamada servidumbre de protección.
"Esta Orden Ministerial fue declarada legal por el Tribunal Supremo. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se avisó, tanto a la constructora, Azata del Sol SL, como al Ayuntamiento de Carboneras, que no se podía construir el hotel. Ambos optaron por ignorar la legalidad y conceder las licencias para levantar el hotel en espacio protegido", han dicho.
Azata reclama por el delito de daños 24 meses de multa, a razón de una cuota de 6 euros diarios, un total de 1.080 euros por persona y 30.240 euros entre los 28 activistas.
Por el delito de desobediencia, demanda la pena de prisión de un año a cada persona acusada.
En concepto de responsabilidad para satisfacer entre todos los acusados solicita 186.703 euros por los desperfectos causados en el hotel.
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