Una delegación del PP-A, encabezada por su presidente, Javier Arenas, se reunió con representantes del CSIF, liderado por su presidente, Rafael Hurtado, dentro de la ronda de conversaciones que el PP mantiene con las organizaciones sindicales representativas de la administración.
Tras la reunión, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, explicó que han podido “profundizar” en el análisis del decreto, que ya se está tramitando en el Parlamento como proyecto de ley, e informó de la creación de un foro de diálogo permanente hasta el debate final de la norma.
Este foro serviría, según Sanz, para “compartir e intercambiar” las propuestas, de forma que el PP trasladará a CSIF las enmiendas con las que trabajará, aunque ambos coinciden en que este es un asunto “que no se podía haber hecho peor” desde que se aprobó.
Ante la posibilidad de que el PSOE se vaya a negar a rechazar la derogación del decreto, PP y CSIF recalcaron que es necesario que se produzca “un giro radical” en el decreto, además de reiterar que se va a mantener el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el primero de los decretos, mientras que el segundo también adolece de “vicios de inconstitucionalidad”.
Por su parte, el presidente del CSIF, Rafael Hernando, que dijo que el encuentro con el PP fue “positivo y provechoso”, señaló que le han trasladado que su propuesta consiste en la “derogación” del decreto y que el Gobierno andaluz llame a “todos los implicados” para negociar desde cero.
Hernando, que apostó porque una vez que se parta de cero se negocie con todos los sectores implicados y a partir de ahí remitirlo al Parlamento, consideró que el Ejecutivo regional “no tiene otra salida” porque desde el primer momento “lo ha hecho mal” y añadió que con el trámite como proyecto de Ley el Gobierno quiere “finiquitar cuanto antes porque le está quemando en las manos”.
Sobre si van a participar en las comparecencias en el Parlamento para opinar sobre el proyecto de ley, Hernando señaló que su sindicato “siempre” ha demostrado ser una organización negociadora y “participará en todos los foros donde haya que defender las posiciones laborales”. “Si hay que comparecer ante el Parlamento para defender los derechos de los trabajadores, ahí estaremos”, manifestó Hurtado.
Por su parte, IU empezó ayer su proceso de diálogo con todos los sindicatos representativos en la función pública para incorporar sus aportaciones a las enmiendas al proyecto de ley, al ser “manifiestamente mejorable”, y buscar el consenso.
Así lo anunciaron el coordinador regional, Diego Valderas, y su portavoz económico, Pedro Vaquero, tras tener reuniones preparatorias por separado con CSIF y CGT para fijar “el plan de trabajo”, a la que seguirá hoy otra con CCOO y UGT, y después con Ustea y otros sindicatos y asociaciones de funcionarios y usuarios.
Mientras, el grupo parlamentario del PSOE-A iniciará hoy con la CSIF la ronda de contactos con sindicatos y partidos para intentar consensuar el decreto del sector público andaluz “sin romper la columna vertebral” del acuerdo alcanzado entra la Junta, CCOO y UGT, que según el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, “puede haber elementos que se hayan escapado”.
De momento, los socialistas tiene ya cerrada una reunión con los dirigentes de la CSIF, tras la suspensión de la del pasado jueves, y otro encuentro para el próximo martes, 21 de diciembre, con los responsables de la UGT y de CCOO.
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