Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario por los ataques de los socios parlamentarios del Gobierno en el debate de la ley de amnistía, "ante la aquiescencia y mutismo" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
"Jueces prevaricadores", "de partido", con "dotes telepáticas", "acusaciones delirantes"... Los socios parlamentarios del Gobierno cargaron este martes contra los magistrados que juzgaron o aún investigan actuaciones del "procés" con tres nombres propios: Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre.
Una vez más, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue la más dura al citar a García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el "caso Volhov" y aseguró que su formación asume "toda la responsabilidad" ante lo que diga la justicia europea. "Allí no hay Marchenas, no somos terroristas", recalcó.
Ante esta situación, el bloque conservador traslada esta petición al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, para que convoque con carácter "urgente" un pleno que trate esta cuestión.
Los nueve vocales que lo han solicitado son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz, Wenceslao Olea y Ángeles Carmona.
Tan solo incluyen una cuestión a tratar en el orden del día, que es el "pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las Cortes".
Adjuntan, además, las manifestaciones recogidas en los medios y acompañan su petición con la declaración institucional aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente del pasado día 19 de enero.
Aquel día, la Comisión Permanente mostró su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez Manuel García-Castellón.
Ribera dijo en una entrevista que García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.
La Comisión Permanente sostuvo que esas palabras merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, por lo que "merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".
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