El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, ha anunciado este acuerdo, así como la inclusión en el Código Penal del agravamiento de las penas, de tres meses a un año de prisión, para los miembros de bandas de carteristas y la creación de un registro de faltas en un plazo máximo de un año.
De acuerdo con estas medidas, los autores de pequeños hurtos podrán ingresar en prisión, aunque únicamente tendrían que ir los sábados, domingos y festivos para, de esta forma, evitar la “sobreocupación” de las cárceles.
La puesta en marcha de un registro de faltas también es un elemento fundamental, a juicio de Durán i Lleida, para que los jueces puedan acceder de una forma rápida a los historiales de cada delincuente y dar “una respuesta” a la reincidencia.
Estas iniciativas se materializarán hoy, a través de una serie de enmiendas consensuadas con los socialistas, en la Comisión de Justicia, que aprobará el proyecto de ley de reforma del Código Penal.
Con estas propuestas, CiU responde a una “inquietud” ciudadana y de los ayuntamientos de grandes ciudades ante la reincidencia de algunos delincuentes, hasta el punto de que se han dado casos de algunos que han llegado a cometer casi 400 delitos en un año, según el portavoz de CiU.
En otro orden de cosas, veinte mil personas han apoyado la campaña de organizaciones de juristas, artistas e inmigrantes para pedir al Congreso de los Diputados que saquen del Código Penal la sanción por venta callejera, conocida como top manta, y se apliquen a estas conductas infracciones administrativas “más proporcionadas”.
La red de apoyo a los manteros ha hecho esta petición a los diputados, que hoy discutirán en la Comisión de Justicia, dentro del proyecto de ley de reforma del Código Penal, la penalización de la venta callejera.
Desde la Plataforma de Juristas, Margarita Martínez Escamilla ha defendido la necesidad de cambiar el Código Penal “y sacar de él la causa de los manteros”, porque aunque se modificara para que esta venta no fuera un delito, tal y como propone el PSOE, “no garantiza que no vayan a ingresar en prisión”.
“Si no pueden pagar la pena de multa se transforma en una pena de prisión”, ha dicho la abogada.
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