El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, personificó sus acusaciones en el líder del PP, Mariano Rajoy, a quien, según su versión, llamó para pedirle que favorezca la renovación de los magistrados del Constitucional sin que haya recibido ninguna respuesta.
Montilla dijo de Rajoy que “ni escucha ni responde” a Cataluña, que padece “catalanofobia” y que es el causante del bloqueo del alto tribunal.
“No nos confundamos, la situación anómala del TC, su composición y el bloqueo de su renovación, con cuatro de sus miembros que ya hace mucho tiempo que han acabado su mandato, tiene un principal responsable, que es el PP”, proclamó el president.
El PP no tardó en devolver la acusación por medio de su vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas, para quien España atraviesa ahora una “crisis institucional” que el Gobierno “está alentando” por sus “agresiones” al Tribunal Supremo (TS) y Tribunal Constitucional.
El responsable de Justicia de los populares, Federico Trillo, incidió en esta tesis de su partido al afirmar que al pedir ahora la renovación del Constitucional, sobre todo tras más de un año sin quererla, el Gobierno cae en un intento de “apropiación partidista” del Tribunal y del poder judicial, en general.
El portavoz del grupo popular en el Senado, Pío García-Escudero, responsabilizó directamente al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, algo que compartió la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.
Desde el Ejecutivo, la respuesta procedió del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien afirmado que “la derecha juega con el poder judicial”, y del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, para quien el PP se arrepentió de haber puesto el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto.
Zarrías, con todo, pidió respeto a los magistrados del Constitucional, como también lo hizo Trillo, aunque éste puso énfasis en destacar que en el tribunal no hay un bando del PSOE u otro del PP, sino “una mayoría de constitucionalistas que aprecian la Constitución como suprema norma jurídica con la que ha de medirse” el Estatuto.
Tal y como han denunciado los partidos, en el Constitucional hay cuatro magistrados, los que dependen del Senado, cuyo mandato ha vencido, si bien no se han renovado estas plazas porque en la Cámara Alta no hay acuerdo entre populares y socialistas.
Según han indicado a Efe fuentes de ambas formaciones, no hay visos a corto o medio plazo de que se desbloquee el proceso.
Las fuerzas políticas catalanas también han dedicado el día a analizar la decisión de los magistrados del alto tribunal.
El presidente de CiU, Artur Mas, consideró “inadmisible” que en estos momentos el Estatuto esté “en manos de un magistrado que hace dos años que debería haberse ido”, ya que su mandato se agotó.
El magistrado al que ha hecho alusión Mas es Guillermo Jiménez, del sector conservador, el encargado ahora de hacer la ponencia sobre el Estatuto catalán.
“Si es inadmisible que el TC toque el Estatut, todavía es más inadmisible que lo haga un tribunal agrietado y peleado”, denunció.
El propio Mas dijo el viernes que habría que recusar a los magistrados con el mandato vencido, pero ayer ERC, por medio de su presidente, Joan Puigcercós, expresó sus reservas sobre la posibilidad de que el Parlament pida esta recusación.
El líder independentista, con todo, acusó al tribunal de mantener al país entero en el “corredor de la muerte”.
El secretario general de ICV, Joan Herrera, sí se mostró a favor de la recusación en el Parlament ante la “falta de autoridad y legitimidad” del Constitucional.
Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, lamentó la falta de acuerdo en el alto tribunal, si bien alertó de que está “en precario” porque es este organismo quien incumple la Constitución.
En un desayuno informativo en Córdoba, Lara afirmó que el TC incumple el artículo 159 de la Constitución Española (CE), que en el punto 3 dice que “los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”, una renovación que, tal y como criticó, no se produjo.
“Si no han sido sustituidos, queda una pregunta en el aire: ¿Está vulnerando la Constitución Española el propio Tribunal Constitucional?”, argumentó Lara.
El PPC exime a su partido de toda culpa por el bloqueo
La presidenta del PP de Cataluña, Alícia Sánchez-Camacho, eximió ayer a su partido de toda culpa por el bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y ha cargado toda la responsabilidad al PSOE. “Si no se renueva es porque Zapatero y el PSOE lo tienen detenido en el Senado.
Que Montilla no venga a dar lecciones de renovar el TC, porque son ellos los que están dejando paralizada la renovación”, objetó Sánchez-Camacho.
La presidenta del PPC puntualizó, en cualquier caso, que “el Estatut no es la solución mágica a los problemas de los catalanes” y recordó que desde la aprobación del texto en 2006 hasta ahora “se ha incrementado el número de parados en Cataluña”.
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