En respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Araceli Carrillo en el Parlamento andaluz, el consejero señaló que también se facilitará el intercambio de información entre la Consejería y la Fiscalía sobre la asistencia jurídica a los docentes andaluces.
Así lo acordaron el consejero y el fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 5 de abril.
El consejero reconoció que esta cuestión "preocupa enormemente" a los docentes y subrayó la "censura social" que debe haber sobre comportamientos violentos, que es "doblemente reprobable" en el ámbito educativo.
Indicó que estos extremos se recogen en el reglamento de organización y funcionamiento de los centros de enseñanza que se está tramitando.
De la Chica agregó que es necesario dotar a los profesores del reconocimiento de su "autoridad magistral y académica", lo que debe llevar aparejado una aumento de su "estima social".
Con esta iniciativa, agregó el consejero, quieren expresar de "forma nítida e inequívoca el respaldo al profesorado" de Andalucía para que puedan ejercer su labor "libremente".
Por otra parte, Álvarez de la Chica afirmó que la Administración tiene que proteger la igualdad de oportunidades y que no se puede permitir que el sistema educativo empeore su imagen por el comportamiento "de una mínima parte de la ciudadanía", en relación con la posibilidad de que la Fiscalía Superior de Andalucía otorgue calificación de "delito" a las irregularidades y fraudes que se produzcan en el proceso de escolarización.
En una entrevista en Canal Sur Radio, el consejero admitió que muchos de estos casos se producen, sobre todo, en la enseñanza concertada, donde hay más demanda que oferta. No obstante, matizó que "se mantiene el sistema de concertación porque es un derecho constitucional, pero la obligación de su Consejería es prestigiar y mejorar la enseñanza pública".
Por ello, y en relación a la petición de la Confederación Católica de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y Familias (Confapa) de que "reflexione" sobre lo que se esconde detrás de estas prácticas, Álvarez de la Chica respondió que "lo que hay detrás de los fraudes es un comportamiento incívico" y aseguró que éste "no puede tener amparo".
En cuanto a la posibilidad de prorrogar la jubilación anticipada de los docentes a los 60 años, Álvarez de la Chica explicó que hay un acuerdo vigente hasta el año 2011 y que le "parecería bien que se mantuviera" porque la renovación voluntaria de los maestros es "positiva para el sistema", como también lo es contar con profesores "mejor preparados y más motivados", familias "más implicadas en el proceso educativo de sus hijos" y alumnos "más formados".
Así, explicó que el principal objetivo de su Consejería es "combatir el abandono prematuro y el fracaso escolar", así como mejorar los equipamientos. Para alcanzar dichas metas, el consejero destacó también la importancia de una temprana escolarización, ya que "los sistemas educativos de más éxito son los que empiezan antes" y porque entre los 0 y 3 años se pueden corregir los desequilibrios sociales. "La educación es la partida de nacimiento de la igualdad de oportunidades", recalcó.
Finalmente Álvarez de la Chica definió el Gobierno del que forma parte como "realista, comprometido, con ganas de hacer las cosas bien y con buen perfil político".
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