Gabriele Vestri, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz (UCA) y director del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial (OspIA), sostiene que el reto que plantea la Inteligencia Artificial, especialmente, “consiste en modificar el enfoque podemos tener de esta tecnología. “No tenemos que pensar solo en lo que podemos hacer con la Inteligencia Artificial, sino que debemos preocuparnos sobre qué queremos hacer con ella”, reflexiona.
Para este abordaje, no hay que perder de vista “la importancia de tratar la materia desde la multidisciplinariedad; sin la interacción de distintas disciplinas, el tratamiento de la Inteligencia Artificial está abocado a la inoperabilidad”. Y remacha: “Precisamente a través de la interconexión entre distintas disciplinas, podemos dotar a os modelos algorítmicos y de Inteligencia Artificial de mayor proactividad, garantizando, finalmente, el respeto de los ya existentes derechos fundamentales y humanos”.
Partiendo de esta premisa, el observatorio organizó unas segundas jornadas en la que reunió a un grupo de especialistas que puso el foco de atención en la realidad de la Inteligencia Artificial aplicada al sector público, “especialmente a la luz de los actuales avances y límites jurídicos, tecnológicos y sociales, sin perder de vista la automatización y la algoritmización de determinados procesos que afectan a la Administración Pública, con instrumentos basados en la Inteligencia Artificial que intervienen en la recaudación fiscal y en la detección de fraude en la misma o en los procedimientos de licitaciones de contratos.
“La jornada tuvo un gran impacto, sobre todo debido a la participación de distintos especialistas”, valora. No en vano, el libro que presenta el próximo 21 de octubre editado por Thomson Reuters-Aranzadi, a partir de las 11.00 horas, en el Salón de Actos del Insituto de Investigación Indess de la UCA, en el Campus de Jerez, ‘La disrupción tecnológica en la Administración Pública. Retos y desafíos de la Inteligencia Artificial’, es fruto de ese encuentro.
En las primeras, que tuvieron lugar el 25 de noviembre de 2021, sirvieron para sentar las bases del proyecto. Un año antes, tras una investigación, el profesor de la UCA concluyó que las entidades locales gaditanas no cuentan con sistemas de Inteligencia Artificial y detectó una escasa presencia de sistemas de automatización, po lo que planteó la creación del observatorio que estudiara límites legales y aplicaciones del uso de algoritmos que ya están sirviendo para resolver solicitudes del bono social por parte del Gobierno o para la contratación pública. Como punto de partida, el observatorio lanzó una serie de recomendaciones sobre la implantación de estos sistemas en base a cinco criterios: datos, capacitación del personal, ética, regulación y participación de la ciudadanía.
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