Manuela de Paz, en declaraciones al Grupo Información, destacó ayer que la legislación vigente en materia de minas -cuya competencia es de la Consejería de Innovación- “es muy seria” y los requisitos que se exigen para aprobar un proyecto como la reapertura de Minas de Riotinto tienen exigencias de carácter económico, medioambiental y social, una “hoja de ruta perfectamente marcada” que la empresa Emed Tartessus conoce.
Así, recordó que este tipo de proyectos requieren una serie de avales y garantías económicas, medioambientales y sociales que deben aprobarse y que deben cumplir con la legislación vigente, apuntando que en estos momentos “todo está en el tejado de la empresa”. Tras preguntarle por el estado del expediente, si la empresa ha presentado la documentación pertinente o la incidencia que podría tener en el proyecto en sí la próxima salida a subasta de los activos de Minas de Riotinto a pesar de que sobre ellos pesa una deuda con la Seguridad Social de más de 17 millones de euros, la delegada de Innovación no quiso pronunciarse al ser “cuestiones personales de una persona jurídica” sin querer entrar a valorar las actuaciones que desarrolla Emed Tartessus para reabrir la mina.
Lo que sí quiso mostrar fue su preocupación ante las expectativas que ha creado el anuncio de la reapertura de las minas, considerando más adecuado “no levantar tanta liebre ni tantas expectativas” hasta aprobar el proyecto. “Entonces, ya lo vendemos, lo que tenemos son sólo propuestas”, apuntó.
Al respecto, De Paz consideró que la Junta de Andalucía, al igual que con proyectos como el de Minas de Aguas Teñidas o Cobre Las Cruces, actúa de forma diligente con Emed Tartessus, negó que en ningún momento la Administración haya paralizado el proyecto ni retrasado ningún trámite como se ha llegado a decir y recordó que “hemos aprendido bastante” con la historia de la minería en la región, por lo que son “muy garantistas”, sobre todo en una zona tan deprimida y tan afectada medioambientalmente como es la cuenca minera de Huelva.
“Que van a abrir el 1 de enero o el 1 de abril... Todo dependerá de lo rápido que resuelvan las dificultades que tienen y presenten la documentación jurídica que se le exige”, apuntaba De Paz para reconocer que lo normal es que este tipo de proyectos haya que “madurarlos muy bien y posean una parte técnica muy compleja”.
Exigencia de sostenibilidad
La delegada de Innovación confirmó que, como a otros proyectos, se les ha exigido una sostenibilidad social en el tiempo, tal y como anunciaba el consejero de Empleo, Antonio Fernández, al Grupo Información. Según Fernández, su departamento pedirá una póliza de garantía de despidos a Emed Tartessus para poder llevar a cabo la reapertura de las Minas de Riotinto.
Fernández confirmó al Grupo Información que ha habido una reunión “entre todas las partes” implicadas en este proyecto, entre los que incluyó a los dueños de los activos de Minas de Riotinto y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa -que es la última encargada de autorizar la reapertura de la actividad minera- para “trazar el camino” y “fijar las exigencias” que debe cumplir el proyecto para conseguir salir adelante.
Afirmó que, en lo que a su Consejería compete, su departamento ha exigido “una póliza de garantía de despidos” ante los antecedentes que ya poseen con esta mina, puesto que el cierre de Minas de Riotinto “lo pagaron los ciudadanos” y no hubo empresa alguna que se hiciera cargo del fin de la actividad laboral. De Paz confirmó esta exigencia social, también pedida a Aguas Teñidas y Las Cruces, con la que pretenden ser muy respetuosos con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, y que éstos tengan continuidad en el tiempo.
Según la delegada de Innovación, éste es el tercer requisito de los exigidos, puesto que junto al carácter social se exige a Emed Tartessus viabilidad económica y medioambiental. Según señaló, se les exige “un proyecto serio, económicamente viable y que no solamente sea para extraer mineral”, sino que conlleve la creación de valor añadido industrial y de fomento económico en la zona, mientras que en el ámbito ambiental se requiere un plan de restauración ambiental que contemple “no sólo las actuaciones en lo que pudieran estropear sino en lo que ya está” afectado en Minas de Riotinto.
Para ello, la empresa tendrá que suscribir una serie de avales y seguros que garanticen una hipotética restauración ambiental por parte de la Administración autonómica de forma subsidiaria si la empresa no lo ejecuta por quiebra, cese de actividad u otros aspectos, además de garantizar el aspecto social, “que todavía colea” en la zona por experiencias anteriores, según reconocía.
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