La presidenta de la Junta y los máximos responsables de la CEA, UGT y CCOO firmaron un convenio para que se valore más a la hora de adjudicar los contratos públicos -el Gobierno andaluz mueve unos 6.000 millones de euros anuales- a las empresas que estén comprometidas con el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la protección del medio ambiente. Según los signatarios, bastará con que una empresa contratista de la Junta tarde dos meses en abonar sus nóminas para que se le rescinda el contrato.
Nada hay que objetar a este acuerdo de inclusión de cláusulas sociales en la contratación del Gobierno andaluz, pero sí hay que subrayar la paradoja de que éste exija su cumplimiento estricto a terceros cuando incumple en excesivas ocasiones o de forma continuada sus propios compromisos.
Así, la Junta que pide a los empresarios empleo de calidad tiene a miles de profesionales del sector sanitario con contratos precarios o de interinidad y prorrogados año tras año. Impone que no se tarde más de dos meses en abonar las nóminas pero acumula desde hace años una deuda multimillonaria con las universidades andaluzas y también lleva años sin pagar a los empresarios de la comunidad los bonos por el empleo juvenil, y meses para el abono de las ayudas públicas a la vivienda.
Y no hablemos de bastantes de sus entes: a título de ejemplo, Canal Sur tarda más de tres meses en pagar a sus proveedores y el Parque Tecnológico onubense, una media de 320 días. Esperemos que la Junta dé ejemplo de una vez y sea tan exigente consigo misma como con las empresas de la región.
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