Era de esperar. El pleno celebrado ayer en San Roque fue “calentito” y no durante la sesión, sino a su término, cuando pudieron dirigirse a la Corporación dos ciudadanos que lo habían solicitado y que, a día de hoy tienen posturas totalmente enfrentadas. Se trata de Julian Villasante, propietario del centro de lavado de Torreguadiaro donde se están instalando dos surtidores de gasolina al contar con la aprobación del Ayuntamiento por decreto del alcalde, y José Enrique Gallardo, propietario de un hotel situado junto al recinto. Antes de que ellos se pronunciaran lo hizo el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. Fue claro: “No me agrada nada. Veo que es innecesario. pero una cosa es mi desagrado, y otra es cumplir o no la legalidad”.
El primer edil argumentó que ha tenido que dar el visto bueno al proyecto después de que el año pasado el Gobierno central del PP aprobara un Decreto Ley que permite la instalación de surtidores en zonas industriales y comerciales. Los ediles del PP comenzaron a jalear (incluso se ausentaron del salón por unos minutos) y también el público.
Intervinieron otros ediles, todos ellos dejando clara su postura contraria al proyecto.
Otro momento de tensión llegó cuando sin haberlo solicitado previamente, otro vecino de la zona afectado por la gasolinera intentó intervenir y el alcalde se lo impidió.
Vera y Núñez, no adscritos
Antes, en el transcurso de un pleno muy vacío de contenido, hubo también momento para el debate. Llegó cuando el alcalde dio cuenta del informe de la Secretaría General en el que se explica que los ex ediles del Partido Andalucista, José Vera y Pilar Núñez, pasan a ser concejales no adscritos y, desde ese momento, ya no podrán recibir la asignación del grupo político.
Para el PP “era una crónica de muerte anunciada” y José Cabrera matizó que ya en el acta del pleno de marzo no aparecían adscritos al grupo municipal. Criticó que ya estos concejales “solo se representan a sí mismos”. Más duro fue el portavoz de USR, José Antonio Ledesma: “Hoy se formaliza la existencia de tránsfugas de manera oficial y al alcalde también se le considera tránsfuga por gobernar con ellos”. Le pidió además al concejal de Hacienda que investigue dónde irán los 40.000 euros de asignación del grupo municipal del PA, Comenzaron entonces los cruces de acusaciones por las denuncias promovidas por Jesús Mayoral (PIVG).
José Vera se defendió argumentando que no se considera tránsfuga: “Me considero tan digno de ser concejal como cualquiera” y acusó a Marina García (USR) de transfuguismo al haber anunciado que será la candidata del PP en las elecciones. “La rabia que tenéis es que este equipo de Gobierno se ha mantenido y se va a mantener”. También Pilar Núñez se defendió de las acusaciones y el portavoz del PSOE, Juan Manuel Ordóñez acusó a USR de usar sus votos en favor del PP, por lo que se refirió a Marina García como tránsfuga”.
El debate fue calentándose hasta tal punto que las acusaciones de unos y otros derivaron en hechos ocurridos diez años atrás.
El PA se refiere a la “deslealtad política”
Para el Secretario Provincial del PA, José María España, “el alcalde de San Roque ha permitido que se vulneren nuestros derechos constitucionales como partido. Estaba claro que los dos concejales eran tránsfugas, con todo lo que ello supone, los hemos expulsado por saltarse nuestras normas y hacer un seguimiento extraño y oscuro al alcalde del PSOE. Él sabrá si mantener la mayoría y el sillón de alcalde es a costa de lo que sea”. Tiene claro, además, que “los concejales no adscritos no tienen derecho a repartirse el dinero del grupo municipal”
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