Por motivos de salud hace dos años y medio se puso en libertad al sanguinario Josu Bolinaga. Que ojo clínico están teniendo para una débil salud de hierro. Y ahora, coincidiendo con el XXVI aniversario de la Constitución, se han puesto en libertad, por decisión de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), a los etarras Plazaola y Santi Potros. Este último tiene en su cuenta 37 muertos y a los 21 cuerpos destrozados por metralla el fatídico día de Hipercor. Se han puesto en libertad, tras habérseles recortado la pena impuesta de 3.000 años de prisión. Los enredos de la Justicia han acortado su estancia en la cárcel para indignación de las familias de las víctimas, desconcierto del Gobierno y de toda la sociedad española. Ambos se han trasladado a sus pueblos, bastiones de Bildu, partido también legalizado por la Justicia. Y para colmo, Santi Potros se instala en Lasarte a 500 metros de una de sus víctimas, Doña Pilar Calahorra, que sobrevivió a un atentado con 4 muertos. «Cosas que tiene la vida», resumía una amiga hablando del tema. Lo anterior, me parece lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente. El hecho de que distintas secciones de la Sala de lo penal no hayan tenido un criterio compartido pone de manifiesto que, como mínimo, una elemental prudencia hubiera exigido no haber adoptado una decisión de esas características, sobre todo porque se ha tomado en vísperas de la entrada en vigor de la ley aprobada por las Cortes que trasponía a nuestro ordenamiento jurídico la decisión marco de 2008 de la UE de la que trae causa esta decisión. Confiemos, estamos casi en Navidad, que esta excarcelación no sea definitiva y que el Tribunal Supremo unifique doctrina y vuelvan a prisión estos terroristas; siempre y cuando no se hayan ido. No sería la primera vez que una decisión de la AN ha sido casada por el Supremo y las consecuencias de esa decisión ya han sido irreversibles, como ocurrió con la excarcelación de unos narcotraficantes, que se marcharon de España y ya no han podido volver a detenerlos.
Al margen del embrollo jurídico, ¿cómo se puede explicar a la sociedad que en los dos últimos años hayan salido a la calle 67 terroristas que tanto dolor e indignación han generado en la sociedad española y especialmente en las víctimas del terrorismo? No se entienden ni se aceptan decisiones de estas características. Yo no lo entiendo, ni tampoco quiero pensar lo que muchos dicen acerca de que todo estaba hablado y pactado en la famosa “hoja de ruta” del iluminado Zapatero en su negociación con ETA. Estas decisiones generan perplejidad y sorpresa, a pesar de reconocer que los jueces y fiscales han prestado un servicio extraordinario a la causa de la defensa de la libertad y de la derrota del terrorismo. A pesar de todo, y del gran dolor que nos genera, el único camino posible es el que está llevando a cabo el gobierno del PP del Sr. Rajoy, que está siendo implacable en exigir la disolución incondicional de ETA, negándose rotundamente a ningún tipo de negociación, para así continuar con contundencia derrotando a ETA, no solo policialmente, sino también política y socialmente, tras décadas y décadas de terror, de luto y de llanto.
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