El Pleno celebrado por la Corporación de Torremolinos ha dado vía libre a la derogación de la tasa por anclajes de toldos, a la realización de una auditoría de la contratación pública y las concesiones en el Ayuntamiento de Torremolinos, a la aprobación del Reglamento de funcionamiento de la Junta Local de Seguridad y al visto bueno de las sanciones en materia de limpieza, referentes a la ordenanza número 46.
Dicha norma se refiere a la Protección y Defensa de la Convivencia Ciudadana y de los Bienes de Dominio Público Municipal. En este sentido, la concejala delegada de Empresas Municipales, Carmen García, ha señalado que “el acuerdo es la punta del iceberg de una larga serie de mejoras y reformas en los reglamentos municipales al objeto de crear un marco normativo en el ámbito local donde se contemplen principios básicos como la legalidad, igualdad, proporcionalidad, eficacia o eficiencia”. Las sanciones contemplan multas que van desde los 750 hasta los 3.000 euros.
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, David Tejeiro, se ha mostrado preocupado por la actividad de algunos chiringuitos nocturnos “en playas ilegalmente privatizadas”, y Costa del Sol si Puede Tic Tac (CSSP) ha pedido una modificación mayor de la ordenanza, añadiendo enmiendas sobre reciclaje o Campañas de Concienciación ciudadana sobre la importancia de mantener limpio el municipio y mejorar la convivencia.
Otra propuesta que ha salido adelante, con la abstención de CSSP y con el voto contrario del Partido Popular, se refiere a la ordenanza reguladora de ceremonia civil en cuanto a los popularmente denominados “bautizos civiles”. A partir de este momento, la ordenanza regula la celebración en locales municipales del Ayuntamiento de la ceremonia civil de presentación del nombre y bienvenida social de un niño como miembro activo de la sociedad. Esta ceremonia supone una apertura de las instituciones públicas hacia todo todo tipo de familias, ya que podrán solicitar la celebración del dicho acto, padres, madres, matrimonios, parejas de hecho o con análoga relación de afectividad, suponiendo una alternativa a las personas interesadas del colectivo LGTBI de la localidad.
También se aprueba por unanimidad la publicación de contratos menores y contratos negociados del Ayuntamiento, a propuesta de CSSP así como la creación de una Comisión para la Implantación de Gobierno Electrónico, a instancias del Grupo Municipal de Ciudadanos.
Otra moción, ésta de carácter institucional, se refiere a la creación de una Mesa de Trabajo sobre las relaciones del Ayuntamiento de Torremolinos con la Asociación de Minusválidos Físicos (AMIFTO). La propuesta incluye la inclusión en el colectivo de trabajadores de personas con alguna discapacidad sensorial o intelectual, que AMIFTO siga manteniendo la catalogación de Centro Especial de Empleo y que el servicio que actualmente gestiona sobre el uso del ascensor de la Plaza del Panorama se fije para un año, prorrogándose por períodos idénticos si así se acordara.
La Mesa de Trabajo averiguará la relación contractual que ha mantenido este colectivo con el Ayuntamiento desde hace 19 años y fijará las conclusiones antes del mes de marzo de 2016, en palabras del concejal delegado de Bienestar Social, Jesús Díaz “se trata de arrojar luz y transparencia sobre este proceso y llegar a un acuerdo que no satisface completamente a ninguno pero si suficientemente a todos”.
En otro orden de cosas, la Corporación ha analizado varios asuntos urgentes, como la moción presentada por el Partido Popular sobre las subvenciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En esta materia, todos los grupos excepto el popular han reiterado su postura, igual que lo hicieron en el Pleno anterior, y han votado en contra, incluso el Grupo de Ciudadanos que, en su momento, se abstuvo.
El Grupo Socialista, en boca del concejal delegado de Hacienda, Pedro Pérez, argumenta que sigue siendo “inaplicable e injusta porque se pretende subvencionar de la misma manera a cualquier propietario, tenga una renta mayor o menor, porque no parecen considerar a las personas sino a los inmuebles”. Así, continúa Pérez, “el 58 por ciento de los empadronados con viviendas inferiores a los 50 mil euros, suponen el 26 por ciento de las subvenciones; por el contrario, las que tienen un valor catastral de más de cien mil suponen el veinte por ciento del total subvencionado”. Por lo tanto, señala el Concejal, “la medida puesta en marcha por el actual equipo de gobierno pretende cumplir con el objetivo de que se ayude más a quien más lo necesita”.
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