Dentro de las distintas oposiciones que hay para optar a un puesto dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las que más gente mueve en el panorama nacional es la que da acceso a la Guardia Civil. Lo es por contar con unos requisitos formativos mínimos no muy exigentes -tener la ESO o el Bachillerato (esto varía en función de la región)- y por la cantidad de plazas, 2.091 este año, que se ponen al servicio de los aspirantes.
El número de aspirantes que son declarados no aptos es considerable, de hecho, aproximadamente unos 100 aspirantes suelen ser excluidos en cada convocatoria por dicho motivoSi bien es cierto que menos del 8% las superaron, 27.000 opositores se presentaron a estas pruebas divididas en cuatro fases eliminatorias: las pruebas de conocimientos, las pruebas físicas, el reconocimiento médico o la entrevista personal, siendo esta última la que más polémica puede llegar a generar por contar con unos criterios de evaluación potencialmente subjetivos.
Y es que es especialmente cruel comprobar cómo meses y meses de empeño, preparación y trabajo se pueden ir al traste porque un entrevistador considere a uno de los aspirantes “no apto” para desempeñar el cargo y que encima sustente esa opinión en argumentos de lo más arbitrarios.
Es más, existen ejemplos de hijos de Guardias Civiles que cayeron en esta prueba porque sus padres se habían retirado antes de tiempo; también hay casos de aspirantes que no lograron una calificación óptima por no ir en traje a la entrevista, a pesar de no ser un requisito obligatorio; o, incluso, por considerar no tener una vocación pura hacia el cargo de Guardia Civil tras comprobar en su vida laboral cierta volatilidad entre los puestos de trabajo antes de haberse lanzado a opositar.
Esta decisión se puede reclamar
El abogado Juan Carlos Fernández Monteagudo es especialista en asuntos legales relacionados con la Guardia Civil y ha gestionado de forma satisfactoria en los últimos años distintas reclamaciones contra la Administración por la calificación negativa en la entrevista personal de algunos opositores.
Él revela que “el número de aspirantes que son declarados no aptos es considerable, de hecho, aproximadamente unos 100 aspirantes suelen ser excluidos en cada convocatoria por dicho motivo”. Hasta el punto de que la posición que el opositor ocupe en el momento de la prueba es irrelevante y no es señal de que vaya a ser admitido en el cuerpo, pues “he llegado a ver hasta aspirantes con el número 8 en el concurso siendo excluidos”.
Ante esta decisión, y si se tienen los motivos suficientes como para pensar que la calificación de la entrevista no ha sido del todo justa, el siguiente paso es proceder a la reclamación y solicitar una revisión de la entrevista. El letrado asegura que “el primer paso es plantear un recurso de alzada, algo que por desgracia es un mero trámite dado que la estimación de dicho recurso por parte de la Administración es prácticamente imposible”.
De hecho, “únicamente hay que presentarlo para que se abra la vía contenciosa”, pues una vez resuelto este recurso de alzada de forma negativa habrá que interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la localidad donde resida el recurrente.
Para Fernández Monteagudo la clave de la reclamación pasa por la razón de ser de la propia entrevista personal, pues reconoce que “es una prueba destinada a contrastar y ampliar las pruebas psicotécnicas que se realizan en el proceso selectivo” y la realidad es que “pocas veces se hacen referencia a esas pruebas y cuando se hace, es con poco o ningún rigor científico”.
¿Es mejor reclamar o volverse a presentar?
Generalmente los opositores suelen dejar pasar la oportunidad de reclamar, aún teniendo claras opciones de obtener un resultado favorable, porque quieren seguir presentándose a la prueba en años sucesivos y tienen cierto temor de que el recurso les pase factura en la propia entrevista personal de futuras convocatorias.
A este respecto, el especialista aclara que “por experiencia hemos visto que aspirantes excluidos en años anteriores y que recurren sí son declarados aptos en próximas entrevistas, sin que los entrevistadores ni siquiera traten este tema”. Además, uno de los motivos que convierte en interesante la reclamación es la antigüedad, un componente muy relevante de cara a la obtención de un destino concreto el día de mañana. Lo mismo sucede con la retribución económica, pues en el recurso también se reclaman todas aquellas retribuciones que se hubiesen percibido de haberse incorporado al cuerpo junto al resto de compañeros de la promoción.
Por último el especialista aclara que el tiempo medio de duración de estos procesos puede estar “entre los dieciocho y veinte meses”, dependiendo de la sede judicial escogida.
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