El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado autorizar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Aopja) a que resuelva el contrato de obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tramo Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico, por la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses, para lo que tendrá que abonar un total de 2,3 millones a la adjudicataria.
En rueda de prensa, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, advierte de que el pago de esta indemnización supone el "enfrentarse de nuevo a otro de los socavones dejados por el gobierno socialista" y teme que "no sea el último".
En este sentido, explica que, el día 2 de marzo de 2018, la Aopja procedió a la suspensión temporal total de la obra y el 16 de noviembre de ese mismo año la unión temporal de empresas (UTE) Comsa-Martín Casillas solicitó la resolución del contrato al amparo del artículo 207 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Ahora la Junta tendrá que pagar 2,3 a la anterior concesionaria de la obra que enlaza la línea 1 del Metro de Sevilla con el casco urbano de Alcalá de Guadaíra, después de que el anterior gobierno andaluz "dejara de pagar sin motivo y la UTE reclamara el fin del contrato". "Es lo que pasa cuando no se paga en tiempo y forma", advierte.
De esa cantidad, se destina concretamente a resolver el contrato y a liquidar la obra 741.503 euros, más 1.377.760 euros por la revisión de precios y una indemnización por lucro cesante de 236.144 euros. "Estas cifras se suman a los de otras obras y otros metros por un importe de 196, que puede elevar a 226 millones por las cantidades aún pendientes de sentencia", incide.
La intención de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es resolver el contrato, a petición de la empresa, "tras el parón de más de ocho meses, e impulsar esta infraestructura". Para ello, los presupuestos andaluces de 2020 destinan 10,4 millones de euros al tranvía de Alcalá de Guadaíra que servirán para pagar lo que se debe a la UTE constructora y para poner en marcha medidas de emergencia, una cantidad que Bendodo entiende que se podría haber dedicado a "otras actuaciones" si esta obra se hubiera realizado en tiempo y forma.
El objetivo es doble, tal como asegura, mencionando la reparación de todo lo dañado tras estos años de abandono y reforzar las medidas de vigilancia para que no se vuelvan a producir actos vandálicos ni robos. Al mismo tiempo, la Consejería sigue trabajando con la Unión Europea para justificar la viabilidad del proyecto y poder mantener la financiación comunitaria.
REPROGRAMACIONES Y ADENDAS
Cabe recordar que, mediante resolución de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de enero de 2010 se atribuyó a la empresa pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actual Aopja) la realización de actuaciones de ejecución de las obras referidas. Tras ello, el 15 de febrero de 2010 se formaliza contrato de obra entre Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y la UTE Martín Casillas-Comsa por 32.138.929 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.
Así, el 11 de marzo de 2010 se ordenó el inicio de los trabajos, pero, debido a la reprogramación de anualidades, se hizo necesaria la firma de la adenda número uno al contrato con fecha 8 de febrero de 2011 y se estableció nuevo plazo de ejecución en 45 meses.
Debido a los "cambios sucesivos de disponibilidad presupuestaria en la Consejería", explica que se aprobó la suspensión temporal de las obras con fecha diciembre de 2011, para levantarla posteriormente con fecha 28 de abril de 2015. El 3 de junio de 2016 se formalizó la adenda número tres al contrato y se aprobó el reajuste de anualidades y la ampliación de plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2017.
El 10 de mayo de 2017 se autorizó la redacción del proyecto modificado número dos y la continuidad del contrato de obras, en el que se suprime la partida económica asociada a la construcción de los talleres y cocheras.
Finalmente, tras varias adendas más, el 2 de marzo de 2018, se procede a la suspensión temporal total del contrato, con un importe ejecutado hasta ese momento de 27.664.415, lo que representa una ejecución del 82,87 por ciento y un porcentaje sobre el proyecto modificado número dos (sin talleres y cocheras) del 99,79 por ciento.
Por último, el 16 de noviembre de 2018 se recibe en la agencia un comunicado de la empresa contratista, UTE Comsa-Martín Casillas, en el que se insta la resolución del contrato de obra, lo que conllevó la suspensión del contrato durante más de ocho meses --artículos 207 y 222 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007--. La resolución viene avalada por un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
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