El alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE), ha informado de que cuatro de los cinco operarios que forman parte del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos han recibido la baja médica por motivos "psicológicos", tras haber interpuesto "numerosas denuncias por amenazas y coacciones" en el marco de la huelga de basuras que promueve el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en el municipio desde hace 32 días.
El regidor coronileño ha manifestado a Europa Press que, con los empleados encargados de la limpieza de baja, en la localidad están ahora a la espera de que la Subdelegación del Gobierno ponga en marcha el "dispositivo de seguridad" pertinente para que la empresa pública de Transformación Agraria (Tragsa) pueda retirar basura de aquellos puntos en los que la Consejería de Salud ha detectado que existe "riesgo sanitario"; después de que un "piquete" compuesto por "unas 200 personas" impidiesen este viernes que el convoy accediese al municipio.
Guerrero ha afirmado que, de no producirse la retirada de basura este lunes, el propio Ayuntamiento se dispondrá a repartir mascarillas a vecinos, así como a acotar determinadas calles y aceras donde la acumulación de residuos es mayor. No obstante, el regidor cree que el próximo informe de la Delegación de Salud "extenderá la alerta sanitaria" e "instará a la recogida en todo el pueblo".
La convocatoria de esta huelga indefinida en el servicio de limpieza urbana de El Coronil responde a la anulación de una bolsa de empleo asociada a este servicio público prestado directamente desde el Consistorio. Guerrero que la anulación de esta bolsa de empleo responde a la tasa cero de reposición de efectivos estipulada para las administraciones por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto para 2012, como para 2013, así como por acuerdo propio del Ayuntamiento. Asimismo, Guerrero esgrime que hay fórmulas para redirigir las personas inscritas en esta bolsa de empleo hacia otros programas de la misma naturaleza.
Diego Cañamero, exalcalde de El Coronil y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), organización que promueve la huelga, no comparte estos argumentos y alega que "el alcalde ha hecho 18 contratos en los últimos seis meses con fondos municipales y pretende cargarse una lista de 12 años de antigüedad, --en referencia a la bolsa de empleo--, para meter a los suyos". En paralelo, ambas partes se acusan mutuamente de impedir el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos, porque también discrepan en la interpretación de los mismos.
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