Vuelve a la actualidad el impuesto a vertedero y el coste que supone para los municipios, especialmente cuando la “ambigüedad” de Ley de Economía Circular no garantiza que su recaudación revierta directamente a los Ayuntamientos, encargados de la gestión de los residuos urbanos. Ahora es el PSOE de la Diputación de Sevilla el que reclama a la Junta que le abone a los ayuntamientos los casi cien millones que ya recaudó en 2023 en este concepto para destinarlo a esa gestión y que “no engrosen” la caja única de la Administración.
La ambigüedad de la redacción de la transposición de ese impuesto nacional en la Ley de Economía Circular ya fue denunciada por la ONG Rethinking en Viva Sevilla cuando fue aprobada. En concreto la ley dice, sobre el destino de este impuesto, que “la Consejería competente en materia de Hacienda asignará, de forma preferente, los ingresos derivados del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, conforme a las previsiones de los instrumentos de planificación en la materia y a la capacidad de gestión anual de los órganos competentes, a financiar políticas en materia de economía circular.
Desde Rethinking entienden que el establecer “de forma preferente” y vincularlo a la “capacidad de gestión anual de los órganos competentes” no garantiza que el impuesto sea “finalista” como demandaban la FAMP y los municipios, sino que “será la Junta la que determine el destino y la cuantía” de esos fondos recaudados por enterrar basuras en los vertederos.
Y ese es el objetivo de la moción que defenderán los socialistas en la Diputación, cuya portavoz Rosario Andújar quiere que los ayuntamientos de la provincia reciban de la Junta de Andalucía el reembolso del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y concienciación con el objetivo de realizar “un tratamiento tributario integral en materia de residuos”.
Este tratamiento integral es de suma importancia porque, aunque el impuesto entrara en vigor el 1 de enero de 2023, los ayuntamientos han asumido “a pulmón” el coste de este tributo, sin trasladarlo a los ciudadanos, especialmente por la complejidad técnica y por la cercanía de las elecciones municipales de mayo. Sin embargo, antes de abril de 2025 será obligatorio para todos los municipios tener esa tasa específica.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 7/2022 que fijó ese impuesto a vertedero, establece que “las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.
Según Andújar, el objetivo de ese impuesto es “disuadir y concienciar” y que la Ley, bajo la norma básica que “quien contamina, paga”, quiere redirigir el comportamiento hacia una economía circular. “Para ello hay que desincentivar la práctica de tirar los residuos sólidos urbanos de los municipios a los vertederos o incinerarlos y conducir los procesos para contribuir a la reintroducción de los materiales de los residuos de nuevo en la economía y reciclarlos”, entiende la también alcaldesa de Osuna.
“Ya que el objetivo de la Ley no es recaudatorio, sino disuasorio, creemos que hay que apostar, por modelos que devuelvan lo recaudado a los ayuntamientos en función de los resultados de reciclaje y recogida selectiva, lo que resultaría un importante incentivo”, argumenta.
De 96 millones a 102 presupuestados por la Junta
Según Andújar, la Junta de Andalucía presupuestó el año pasado una recaudación, a través de los ayuntamientos, de 96 millones de euros y “desconocemos cuánto recaudó por ese concepto”, pero sí que para los presupuestos de este año se ha previsto recaudar 102 millones de euros y “desde el Grupo Socialista queremos que ese dinero regrese a los ayuntamientos”. Los socialistas apuestan por “un mecanismo de devolución a los entes locales, para que esos ingresos repercutan en los vecinos y vecinas, redunden en construcción de infraestructuras, adquisición de equipos, estimulen buenas prácticas y hagan más atractiva la recogida selectiva en cantidad y calidad y no vayan destinados a engrosar la caja única de la Junta de Andalucía, sino que se constituyan como fondos finalistas”.
Andújar recordaba que cuando se estableció este impuesto la FAMP hizo una propuesta en este mismo sentido y “esperamos que no haya cambiado de opinión con la nueva dirección política”, aunque criticaba que “últimamente este órgano parece que empieza a ser un instrumento más en defensa de los planteamientos del PP que de la defensa de los intereses de los municipios”.
La norma estatal califica este impuesto como un “instrumento económico clave para avanzar en la economía circular y en la consecución de los objetivos para la reutilización y reciclado en materia de residuos”, que no es otro que cerrar el círculo de que sea más barato enterrar la basura en vertedero que recuperar los materiales que tendrían otros usos.
Para ello se introdujeron tasas impositivas, de 15 a 40 euros por tonelada de residuo llevado a vertedero, según el tipo residuo del que se esté hablando y su tratamiento o no, buscando bajar en un 13% los residuos generados en 2025 y en un 15% en el año 2030. En el caso de la ciudad de Sevilla, al tener Lipasam una planta de transferencia y pretratar los residuos recogidos en cada uno de los contenedores de recogida separada, abona una media de 30 euros por tonelada pero el coste que está presupuestado para 2024 es de 7,8 millones de euros. Y sólo es Sevilla capital.
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