El cóctel es explosivo. Botafuegos es una olla a presión. La cárcel registra desde su apertura en el año 2000 una población reclusa masificada y un déficit de personal que compromete la seguridad de los internos y de los propios funcionarios. Los tres últimos fallecidos en apenas 72 horas, dos de ellos por sobredosis, han puesto en el disparadero al centro penitenciario.
El exhaustivo dossier realizado por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT) da buena cuenta del problema que han de atajar las administraciones de manera urgente. “No puede haber ni una muerte más por falta de dinero”, afirma José Luis Alcaraz, portavoz del sindicato, quien enumera los preocupantes datos: Botafuegos tiene 1.008 celdas pero más de 1.300 reclusos. Sobran, al menos, 300. Y faltan efectivos, con una plantilla un 10% por debajo de lo necesario. Hay que cumplir con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), reclama Alcaraz, y cubrir las 43 vacantes que cuentan. Y darle salida a internos hacia otros centros penitenciarios. Señala a Ceuta y Archidona que, incomprensiblemente, no funcionan siquiera al 50% de su capacidad.
Si no se toman medidas en este sentido, es imposible cumplir con efectividad con las principales encomiendas de los empleados públicos: la retención y custodia, la reinserción y la rehabilitación. La falta de personal es acusada en el ámbito sanitario.
Alcaraz no vincula directamente las muertes con el déficit de trabajadores, pero no es casual que Algeciras, con una plantilla a cuadros, esté entre las cárceles con más fallecimientos. O con casos de enfermedades como la sarna. Faltan seis médicos de los diez dispuestos en la RPT: en lugar de haber uno por cada 112 presos, como establece la ratio, hay uno por cada 325. No hay psiquiatra, pese a que hay más de 400 internos que precisan de medicación por trastornos mentales. Y los auxiliares de enfermería no dan abasto. Sus turnos, además, son de lunes a viernes, de manera que adelantan la medicación del fin de semana. A veces, hasta de los puentes. Esto lleva a que los reclusos consuman de golpe los fármacos o trapicheen con ellos.
Urge, dice Alcaraz, transferir la competencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades, como marca la Ley 16/2003, referente a la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para que la Administración regional palie la falta de médicos provocada no solo por la ineficiente financiación, sino también porque no se cubren las plazas. En la cárcel se cobra menos, se trabaja mucho y en unas condiciones complicadas. En la última convocatoria pública, se ofertaron 35 plazas y solo se presentaron doce. Los que están en activo rondan, en su mayoría, los 60 años. No hay relevo.
Acaip-UGT no ha parado en sus reivindicaciones pero insiste. Mientras esperan respuesta del delegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, van a intentarlo en el Parlamento con Vox. Los muros de Botafuegos seguirán soportando la presión entretanto.
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