San Fernando

Impugnan en el Juzgado la consulta municipal sobre la playa de perros

Incumple la Ley de Consultas Populares Locales de Andalucía de 2001 de la Junta de Andalucia y se hace en periodo electoral.

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  • Prohibido los perros.

El partido politico 3R ha registrado en los juzgados de San Fernando, sede de la Junta Electoral de Zona y autoridad competente en materia de Consultas Populares en Andalucía, una solicitud para que se determine la nulidad de la consulta establecida por el sequipo de gobierno en relación a la ejecución de una playa canina, en la playa de Camposoto.

Según 3R, esa consulta vulnera la Ley de Consultas Populares Locales de Andalucía de 2001, no sólo en su contenido y procedimientos, sino hasta en la formas, dado que la mencionada legislación prohíbe realizar consulta alguna a la ciudadania en periodo electoral, por lo que se estaría ignorando “vilmente” el ordenamiento jurídico al respecto.

Pero esta formación política, viene a pedir la nulidad de la misma con objeto de solicitarle a la ciudadanía un ejercicio de responsabilidad cívica, ética y ciudadana qué consiste en “superar la instrumentalización política que hace la señora Cavada de este asunto para tapar los verdaderos problemas de esta ciudad, serios, preocupante, algunos estructurales, con medidas como ésta, qué además incumplen los procedimientos legales establecidos al efecto y generando una innecesaria fractura social entre los isleños”.

3R cree que el trabajo de la alcaldesa es “priorizar en las carencias y necesidades que tiene esta ciudad, que no son pocas. Irresponsabilidad política plantear un pseudo-procedimiento, como el advertido para humear nuestros problemas de paro, deuda, estado de espacios y equipamientos públicos”.

3R considera que una vez anulada, el gobierno municipal deberá de someterse a la Ley de Consultas mencionadas, que incluso requiere de hasta la aprobación del Gobierno de la nación para ello, con objeto de tener garantías y legitimidad democrática, política e institucional “en algo tan serio como pedir el voto directo a la ciudadanía, importancia que nuestros servidores públicos parecen ignorar, o no llegan a la trascendencia de la misma”.

“Esa consulta carece de legitimidad democrática y social y obedece a criterios de arbitrariedad política e igualmente, nos reiteramos, a la falta de garantiías democráticas en los procedimientos”, dice 3R.

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