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Miercoles, 23/05/2018

España

El Parlament alega al TC y Torrent prepara una demanda ante el TEDH

El Parlament ha presentado las alegaciones ante el Constitucional ante la impugnación del Gobierno central a la investidura de Carles Puigdemont

  • roger torrent

El Parlament ha presentado las alegaciones ante el Constitucional ante la impugnación del Gobierno central a la investidura de Carles Puigdemont, mientras que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, prepara una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).

Según informa el Parlament, la demanda ante el TEDH se tiene que presentar a título individual, por lo que lo hará solo Torrent, pero el presidente de la Cámara autonómica propondrá a los diputadas que se sumen y que interpongan sus respectivas demandas.

Torrent ha decidido presentar esta demanda en Estrasburgo (Francia) con el fin de "proteger los derechos de Puigdemont a someterse al debate de investidura de manera efectiva".

La iniciativa en Estrasburgo se ha dado a conocer después de que Torrent no incluyera en el orden del día de la reunión de la Mesa de esta mañana la propuesta de modificación de la ley de Presidencia que registró JxCat en solitario, con el fin de poder investir a distancia a Puigdemont.

Fuentes del entorno del presidente del Parlament han indicado que Torrent demandará ante el TEDH medidas cautelares para "tutelar los derechos políticos de Puigdemont y garantizar una investidura efectiva".

En concreto, le pedirá al tribunal europeo que tutele "el derecho a la participación política de Puigdemont" para posibilitar así que pueda someterse al debate de investidura y ser elegido si así lo decide la mayoría de la Cámara.

Las mismas fuentes apuntan que en el caso que la demanda fuera estimada se resolvería en 24 horas y "se podría abrir una puerta real y efectiva para la investidura de Puigdemont".

La demanda de medidas cautelares ante el TEDH tiene un carácter restrictivo y está reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un daño irreparable, por lo que es una vía "compleja", admiten las mismas fuentes.

Pero recuerdan que Torrent se ha comprometido a trabajar para proteger los derechos políticos de Puigdemont y defender "su derecho a someterse a una investidura efectiva".

En cuanto a las alegaciones presentadas ante el TC, el Parlament pide que se desestime la impugnación presentada por el Gobierno central contra la propuesta de investidura de Carles Puigdemont, huido de la justicia española, y también que queden sin efecto las medidas cautelares.

El escrito del Parlament, firmado por el letrado Joan Ridao, sostiene que la impugnación "es arbitraria" en la medida en que "se funda en argumentos de carácter hipotético o preventivo", y recuerda el dictamen del Consejo de Estado, que desaconsejó al Ejecutivo central presentar el recurso antes de producirse la investidura.

En este sentido, la Cámara considera que el TC, bajo la "apariencia de medida cautelar", ha determinado "la forma en que puede llevarse a cabo la sesión de investidura" impartiendo instrucciones a los miembros de la Mesa del Parlament, con lo que "no solo ha incurrido en una clara extralimitación de funciones, sino que también ha usurpado unas funciones que no le son propias".

El Parlament alega además que las decisiones adoptadas por el presidente del Parlament de proponer como candidato a Carles Puigdemont y convocar el pleno -que luego decidió aplazar- son legales.

Otro argumento que esgrime es que impedir a Puigdemont la posibilidad de ser investido "vulnera su derecho al sufragio pasivo como candidato electo" y también "el derecho al sufragio activo de los ciudadanos que lo eligieron con su voto".

Razona, asimismo, que Puigdemont goza "de inmunidad parlamentaria reconocida en el Estatuto de autonomía a los diputados del Parlamento de Cataluña" y que solo puede ser detenido "en caso de flagrante delito".

La Cámara autonómica considera que no se puede exigir a Puigdemont que se ponga a disposición judicial para poderse someter al debate de investidura, tal y como determina el TC en sus medidas cautelares, con las que le exigió un permiso judicial.

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