El Gobierno polaco prepara una "ofensiva diplomática" para contrarrestar la decisión de la Comisión Europea de activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, decisión inédita por parte de las autoridades comunitarias como respuesta a la polémica reforma del sistema judicial aprobada por Varsovia.
La activación del artículo 7 la semana pasada por la Comisión Europea (CE) por considerar contraria al Estados de derecho la reforma del sistema judicial en Polonia constituye un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la Unión Europea (UE).
El Gobierno polaco dispone de tres meses para dar marcha atrás a la reforma aprobada, aunque todo apunta a que Varsovia mantendrá su rumbo y aprovechará ese periodo para intentar explicar su posición tanto a la Comisión Europea (CE) como a diferentes líderes europeos.
El jefe de la diplomacia polaca, Witold Wasczykowski, ya ha anunciado una "ofensiva diplomática" que comenzará el próximo día 3 de enero, con la visita a Budapest del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, quien se reunirá con su homólogo húngaro, Viktor Orbán.
Orbán, aliado de Varsovia con quien la CE también mantiene una difícil relación tanto por su negativa a acoger refugiados como por sus leyes sobre centros universitarios, ya anunció que defenderá a Polonia ante la aplicación del artículo 7 y bloqueará cualquier movimiento de la Unión Europea contra ese país, ya que las sanciones requieren unanimidad de los socios.
El próximo día 9 se prevé que Morawiecki mantenga una conversación con el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y el 15 podría tener lugar una bilateral con Bulgaria, país que asume la presidencia rotativa de la UE este enero.
Aunque aún no hay un programa oficial, el jefe de Gabinete de Morawiecki ha informado de que el primer ministro "realizará probablemente una gira diplomática por los países de la UE" en las próximas semanas, además de su previsible asistencia al foro de Davos.
Pero antes está previsto que Morawiecki, quien asumió días atrás la dirección del Gobierno polaco, anuncie cambios en el Ejecutivo, algo que se prevé que tenga lugar a partir del 6 de enero.
Por ahora Morawiecki ya ha dicho que está dispuesto a dialogar -"la mejor medicina ante cualquier desencuentro"-, y ha mostrado su disposición a "explicar a los socios europeos por qué son necesarias para Polonia las reformas del sistema judicial".
"Espero que podamos llegar a un terreno común, al menos en lo que se refiere a entender las posiciones de cada parte", señaló.
El partido gobernante en Polonia, la fuerza nacionalista Ley y Justicia (PiS), ya ha dicho que el sistema judicial necesita una reforma integral para solventar su funcionamiento ineficaz, corrupto y contaminado por la herencia comunista, a la vez que acusa a parte de los magistrados de constituir una elite alejada de los problemas de los ciudadanos.
Para gran parte de la oposición polaca, Ley y Justicia ha politizado los órganos judiciales con su reforma, que esconde un verdadero asalto a los tribunales para imponer sus propios candidatos y desmantelar el Estado de derecho.
Para el ministro polaco de Exteriores, Bruselas es víctima de la "desinformación" que la oposición polaca ha promovido en las instituciones europas con un mensaje "tergiversado" sobre la reforma judicial aprobada por Varsovia.
"Durante muchos meses hemos mantenido un intenso diálogo con la Comisión Europea para explicar que el Gobierno de Polonia tiene un mandato democrático para llevar a cabo cambios y reformas" y "hemos insistido siempre en que estas reformas son competencia de los estados miembros y no pueden ser cuestionadas por las instituciones de la UE", dijo Waszczykowski.
Ley y Justicia ganó las elecciones de Polonia en octubre de 2015, y es el primer partido en la historia moderna polaca en obtener una mayoría absoluta en unos comicios generales.
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