Así lo ha anunciado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, al término de una reunión mantenida con los representantes de las cuatro asociaciones judiciales para abordar las reformas legislativas que afectan a los jueces, y en la que según los intervinientes no se ha hablado de la huelga convocada para el 18 de febrero.
El orden del día para ese pleno extraordinario, según ha explicado la portavoz, se centrará en “si procede o no procede” la huelga y en si el CGPJ está legitimado o no “para configurar si concurren los requisitos legales para poder establecer los servicios mínimos”, tal y como le han planteado las asambleas de jueces de Las Palmas y de Tarragona.
No obstante, a juicio de Bravo, “no es el momento para adoptar medidas tan drásticas” como una huelga cuando todavía se está en un contexto de negociación entre el Ministerio de Justicia, las asociaciones de jueces, el CGPJ, los decanos de los jueces y las Salas de Gobierno de los tribunales.
Sobre la posibilidad de sancionar a los jueces que finalmente decidieran ir a la huelga en caso de considerar el Consejo que no están legitimados para ello, Bravo ha dicho que es algo que todavía no se ha planteado porque “las decisiones las vamos a adoptar sobre cada caso en concreto”.
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno prohíba por ley a los jueces el derecho a la huelga, un asunto sobre el que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha admitido que está “reflexionando”, Bravo ha dicho que respeta las decisiones del Ejecutivo y que, en todo caso, no corresponde al CGPJ valorar si es el momento oportuno “para hacer anuncios de reformas legislativas”.
Al término del encuentro los portavoces de las asociaciones judiciales han calificado de positiva la reunión, aunque después ha quedado reflejada su división con respecto a la fecha de convocatoria de huelga, cuya legitimidad defienden todos.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) se considera prematuro ir a la huelga el 18 de febrero cuando todavía se están negociando con el Ministerio las reivindicaciones que han dado lugar a ese diálogo.
No obstante, la portavoz de JpD, Alicia Millán, ha asegurado que su asociación defenderá a “cualquier compañero” que decida ejercer ese derecho, y respecto al anuncio del ministro de Justicia de prohibirlo ha manifestado que, “si lo tiene que prohibir, eso significa que cualquier juez tiene derecho” a ir a la huelga.
Bermejo se reunirá hoy con las asociaciones de secretarios judiciales en un encuentro que puede resultar clave, ya que una de las exigencias de los jueces para atemperar sus protestas es la retirada del proyecto de ley que atribuye a los primeros la competencia para señalar las vistas y comparecencias judiciales.
ESTUDIAN PROHIBIR LAS HUELGAS
El Gobierno está estudiando regular por ley la prohibición del derecho de huelga a los jueces ante las lagunas legales que presenta este aspecto, ya que un importante sector de la carrera judicial interpreta que la ausencia de una prohibición expresa en la Constitución significa que pueden ejercer ese derecho.
Así lo asegura el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una entrevista que publicaba ayer el diario ‘Público’, en la que mantiene que, en su opinión, los jueces, como poder del Estado, no tienen derecho a hacer huelga, y añade que su departamento está “reflexionando” sobre la conveniencia de legislar sobre este asunto.
“Si ahora tenemos este problema, en su momento habrá que darle una respuesta, lo que ocurre es que de hoy al 18 de febrero es evidente que no nos va a dar tiempo, si es que eso es lo que finalmente se quiere hacer. No nos va a dar tiempo a legislar.
Pero, evidentemente, estamos reflexionando también sobre eso”, señala Bermejo. Para el ministro, la ausencia de una regulación clara del derecho de huelga plantea el problema de que serán los mismos jueces que la han convocado los que tengan que decidir sobre la cuestión cuando se pida a los tribunales que declaren su legalidad o que se pronuncien sobre los servicios mínimos.
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