Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado han encontrado “vinculaciones” entre estas dos formaciones y la ilegalizada Batasuna o sus sucesoras.
De este modo, el Gobierno presentará sendas demandas de ilegalización ante la sala del 61 del Supremo, que se sumarán a las que también prepara la Fiscalía.
De la Vega explicó que de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil “se desprende que existen vínculos entre la ilegalizada Batasuna y las candidaturas presentadas por la agrupación D3M, y entre Askatasuna y los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo en 2003 y 2008”, en referencia a HB-EH-Batasuna, EHAK-PCTV y ANV.
Aunque no concretó cuáles son esos vínculos, la vicepresidenta señaló que las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo “una actuación minuciosa destinada a acreditar esa vinculación en función de conexiones, de reuniones y de elementos que están probados en los informes” policiales.
La orden dada ayer por el Gobierno, según Fernández de la Vega, autoriza a los servicios jurídicos del Estado a ejercitar todas las acciones legales previstas en la Ley para garantizar que ninguna candidatura electoral continuadora de las ilegalizadas pueda concurrir a las elecciones.
“Relato de indicios”
El Gobierno considera que cuenta con un “relato de indicios” suficiente para impugnar las candidaturas de Askatasuna para las elecciones autonómicas vascas e incluso para pedir su ilegalización.
Fuentes del Ejecutivo subrayaron la importancia de que las investigaciones no hayan dado como resultado sólo una “suma de indicios” de la vinculación de Askatasuna con formaciones ya ilegalizadas, sino un auténtico “relato” continuado en el tiempo prácticamente desde la fundación del partido.
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