Cinco meses después de requerir a Israel información sobre si investigó el ataque, en el que murieron un líder de Hamas y catorce civiles, el juez Andreu recibió ayer una copia “no oficial” de la documentación solicitada.
Se trata de unos 300 folios en inglés y hebreo remitidos por el Gobierno israelí sobre las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia en relación con la muerte de Salah Shehade, el jefe del brazo armado de Hamas cuando ocurrieron los hechos.
Andreu admitió el jueves a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos por estos hechos que para el juez suponen un ataque contra la población civil, producto de una acción que “se adivina como claramente desproporcionada o excesiva”.
Una querella que el embajador israelí en España, en declaraciones a Efe, considera que obedece a “motivos políticos” que persiguen “deslegitimar, no sólo el derecho de Israel a defenderse, sino peor aún, de deslegitimar la misma existencia de Israel”.
Raphael Schutz ha sido tajante al argumentar que un mundo donde se abre un proceso judicial contra el derecho de defensa propia y no contra los mismos terroristas, “es un mundo que perdió un poco la brújula”.
Tras invitar a las autoridades españolas a “reflexionar sobre cómo se podría evitar el abuso político del sistema” e impedir, de ese modo, que la relación entre España y su país se vea perjudicada.
Después de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró que el Ejecutivo respeta la acción de los tribunales y no se inmiscuye en el desarrollo del caso abierto por Andreu.
“España es un estado de derecho y la Justicia actúa con total independencia. Eso lo saben todos los países europeos y los países democráticos. En estos momentos, ésa es la posición. Así se lo hemos trasladado al Gobierno de Israel y estamos seguros de que así lo entiende”, insistió la vicepresidenta.
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