Con la abstención de De Rosa, que se suma a la ya anunciada por Margarita Robles, el CGPJ sólo tendrá que tramitar en su pleno del próximo día 24 la recusación de la vocal del Poder Judicial Gemma Gallego, que anteanoche notificó a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces su decisión de no apartarse de la tramitación de la suspensión de funciones del magistrado.
En un escrito dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ, De Rosa dice que considera que no existen razones de peso para que deba abstenerse, pero que lo hará con el fin de “preservar la independencia” de este órgano.
Garzón alegó que entre él y De Rosa existe “enemistad manifiesta”, lo que el vicepresidente niega “con total y absoluta rotundidad”, asegurando que esa imputación responde más a una “equivocada interpretación de la realidad” por parte del juez que a una constatación fidedigna y objetiva de los hechos.
El vicepresidente del CGPJ sí admite su amistad con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que estuvo imputado en el caso Gürtel, pero asegura que ello no justifica que se ponga en entredicho su objetividad.
Además, el CGPJ rechazó ayer tramitar la petición de los abogados que se querellaron contra Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York de que tres vocales de este órgano –José Manuel Gómez Benítez, Pío Aguirre y Miguel Carmona– se abstuvieran en el expediente de su suspensión por su “amistad estrecha” con el magistrado.
El Consejo también ha rechazado otra petición de esos letrados, José Luis Mazón y Antonio Panea, para que se reabriera el expediente disciplinario a Garzón por sus cobros en Nueva York, que ya fue archivado en julio de 2009.
Mientras tanto, la defensa de Garzón se sumó ayer al recurso del fiscal contra la admisión a trámite de una de las querellas que el Supremo instruye contra él por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados en el caso Gürtel que estaban en prisión y sus abogados.
La defensa de Garzón considera que la situación de indefensión legal denunciada por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, al ordenar el juez grabar sus conversaciones en la cárcel es “imaginaria”, “abstracta” y “meramente potencial”.
El TS ha admitido posteriormente como querellante al supuesto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, cuyo derecho a acusar al juez fue defendido ayer por el presidente de la Audiencia Nacional Ángel Juanes. En un desayuno informativo, Juanes dijo que desde un punto de vista jurídico puede personarse si se considera “supuestamente ofendido por el delito”.
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