Al grito de "menos asesores y más trabajadores", unos 300 empleados de las oales y las empresas municipale se han manifestado a las puertas del Atyuntamiento de Marbella, para reclamar transparencia al equipo de Gobierno y que no les utilice "como rehenes" ante la refinanciación de la deuda con la Junta de Andalucía.
En el colectivo se agrupan alrededor de 2.500 empleados, aunque en la Plaza de Los Naranjos se han congregado unos 300. Con pancartas, megáfonos y petardos han hecho cuanto ruido han podido para llamar la atención del coordinador de Hacienda y Personal del Consistorio, Carlos Rubio, a quien han dedicado cánticos exhortativos que concluían con "...trabaja de peón", como colofón a una rima evidente.
La movilización estaba relacionada con la inminencia de un preumible Expediente de Regulación de Empleo y posibles recortes salariales, comprendidos en el Plan de Ajuste que prepara en Consistorio, para equilibrar sus finanzas.
Desde la plaza y megáfono en mano, el presidente del Comité de Empresa de la OAL de Limpieza, el colectivo más numeroso junto con Residuos Sólidos, Jesús Gutiérrez, ha pronunciado un manifiesto consensuado por los representantes sindicales de los trabajadores, el que dicen rechazar "contundentemente que se nos pretenda utilizar como rehenes o moneda de cambio, en las negociaciones con la Junta de Andalucía respecto a la refinanciación del préstamo de 100 millones que recibió en su día el Ayuntamiento".
De igual modo, el escrito habla de "falta de profesionalidad y previsión" en el equipo de Gobierno, con Rubio a la cabeza, por no aclarar definitivamente los datos de déficit que presenta el Ayuntamiento, pues, advierten, "antes de las elecciones negaron tal desequilibrio", posteriormente dijeron que eran 13 millones, y ahora son 19.
Critican igualmente "retribuciones desorbitadas de cargos de confianza" así como "contratas de empresas privadas, que suponen gastos millonarios, para realizar trabajos para los que el Ayuntamiento tiene personal cualificado".
El manifiesto también apela a "la responsabilidad" de la Junta de Andalucía para que dé "soluciones a los problemas de liquidez de los ayuntamientos".
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