El Gobierno andaluz ha trasladado hoy al Ejecutivo central un decálogo de medidas para paliar la "crítica situación" de los ayuntamientos de la comunidad, y ha propuesto que se alcancen acuerdos con las corporaciones como el alcanzado con Marbella y el próximo de Jerez.
Esta circunstancia coincide con la petición porm parte del Consistorio marbellí de la flexibilización del pago de la deuda de 92 millones que mantiene con el Ejecutivo Autonómico. El Gobierno central, habría permitido, según la alcaldesa, Angeles Muñoz, que la ciudad pagar lo que debe a Hacienda y Seguridad Social, unos 350 millones de euros, en un plazo de 40 años, al uno por ciento de interés, lo mismo que pretende Marbella con la deuda autonómica. Ahora el Ejecutivo Andaluz reclama la misma condescendencia con otros consistorios andaluces.
Las propuestas de la Junta fueron trasladas durante la reunión mantenida hoy entre el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en Madrid.
Según ha informado la Junta en un comunicado, los representantes autonómicos han defendido la necesidad de articular medidas para ayudar a los ayuntamientos que se encuentran en una "situación extremadamente delicada", provocada principalmente por la caída de ingresos tributarios como consecuencia de la falta de actividad.
Entre las medidas destaca la aportación de un Fondo de Liquidez Local para sanear las cuentas de consistorios y mancomunidades que tienen "problemas estructurales extremos" para que puedan atender los pagos a proveedores, seguridad social y nóminas.
Además, proponen la devolución por Hacienda de las cantidades de IVA abonado por los ayuntamientos para así avanzar y hacer efectiva la idea lógica de que no se abonen tributos entre administraciones.
Otra de las medidas presentadas al Gobierno es que se apruebe una tarifa energética reducida para los servicios municipales con los beneficios que ello supondría.
También solicita la flexibilización del objetivo del déficit que actualmente impide a los ayuntamientos incurrir en el mismo, la revisión del sistema de financiación local para que se eliminen los intereses de demora en el pago a la Seguridad Social, el establecimiento de mecanismos flexibles para el adelanto de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) a los ayuntamientos, así como fijar unos ingresos mínimos no retenibles.
La ampliación del periodo de amortización de los planes de pago a proveedores y suavizar la condiciones relativas a cuantías, plazos y fraccionamiento en los reintegros de subvenciones, están también incluidas en el decálogo.
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