El pleno del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha aprobado este lunes por unanimidad una moción del grupo municipal del PP por la que solicita a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el otorgamiento de las concesiones para la ubicación de 32 chiringuitos en la playa de la localidad, de los que 29 mantendrían sus actuales ubicaciones y otros tres en nuevas localizaciones, respetando la distancia exigida de 200 metros entre ellos.
El Consistorio solicita las autorizaciones por un plazo de 15 años prorrogables por otros 15. En este sentido, la moción defendida por la edil de Urbanismo, Ana Mula, pide al Gobierno andaluz que contemple la excepcionalidad del litoral fuengiroleño como playa totalmente urbana para el mantenimiento de 29 chiringuitos de la ciudad en sus actuales ubicaciones, ya que algunos de ellos se encuentran a menos de 200 metros entre sí.
Para ello, se recuerda que esta excepcionalidad ya fue admitida por el Ministerio de Medio Ambiente cuando se otorgaron las concesiones en 1989 --con la actual Ley de Costas--, en 1992 y en marzo de 2011, siendo en este último caso concesiones de manera provisional "y en precario".
La alcaldesa, Esperanza Oña, ha explicado que Fuengirola puede tener un número de chiringuitos en función de la extensión de la playa y que la localidad "respeta íntegramente, sólo que unos están a 220 metros y otros están a 180 metros del siguiente". "En Fuengirola queremos mantener los chiringuitos donde están porque el cómputo total es el mismo que el permitido por la Ley", ha señalado la regidora.
Así, ha añadido que "esperamos que sea la última vez que tengamos que pedir estabilidad para el sector de la playa porque la playa de Fuengirola respeta íntegramente la Ley de Costas en cuanto al número de chiringuitos". Asimismo, ha recordado que "si el PSOE hubiera apoyado al máximo las concesiones de los chiringuitos, no hubiera sido necesario presentar esta moción".
"El PSOE, ahora con el beneplácito de Izquierda Unida, está impidiendo que este sector tenga estabilidad laboral, que tenga estabilidad profesional, que pueda contratar a personal fijo", ha manifestado Oña, al tiempo que ha insistido en que esta postura de la Junta de Andalucía "genera precariedad en el sector".
Por su parte, Mula ha argumentado la necesidad del mantenimiento de las actuales ubicaciones en "la especial dificultad de eliminar de nuestras playas las instalaciones existentes para volver a construir otras a pocos metros de las actuales con los perjuicios económicos, laborales y ecológicos que supondría".
Además, ante la necesidad de acometer obras de adaptación de los establecimientos a las nuevas dimensiones, ha destacado la importancia "de permitir el aprovechamiento de los sótanos existentes bajo los actuales chiringuitos". Ha recordado que la aplicación exhaustiva del reglamento permitiría que en el litoral fuengiroleño existieran 33 instalaciones fijas y 33 desmontables, "lo que supera sobradamente las instalaciones solicitadas: 32 fijas y siete desmontables".
A este argumento se añade que, si el objetivo de las exigencias de distancia es potenciar la disponibilidad de espacios libres, "se debe tener en cuenta la disminución de las autorizaciones de temporada contemplada en el Plan de Playas de 2013, reduciendo en 10.800 metros cuadrados la ocupación y en 4.420 el número de hamacas".
"El PSOE es directamente responsable de la situación de precariedad y de las dificultades que atraviesa este colectivo. Vamos a seguir luchando porque las 29 instalaciones mencionadas sigan donde están en la actualidad, porque de ello depende el futuro del sector en Fuengirola", ha manifestado la edil.
Cabe recordar que el equipo de gobierno del PP, con la alcaldesa al frente, ha apoyado desde el primer momento al sector para que pudieran obtener las concesiones, "después de que el anterior Gobierno del PSOE decidiera arbitrariamente en 2004 paralizar la renovación de las mismas", según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.
"Han pasado casi nueve años y la situación sigue sin solucionarse, pese a que la Ley de Costas es la misma que hace 20 años. Las competencias se encuentran transferidas desde 2010 al Gobierno andaluz", han concluido.
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