El Partido Popular ha presentado este viernes una serie de alternativas, que pretende trasladar al Gobierno local, para que pueda hacer frente en el presupuesto a los 1,8 millones de euros de desfase ocasionados por el voto en contra a la supresión de las bonificaciones en las plusvalías por heredar la vivienda familiar.
El PP, que ha vuelto a defender su voto en contra a dicha supresión en el pleno de este jueves, ha arremetido contra el PSOE, y, también, contra Ciudadanos e Izquierda Unida, por su apoyo a un presupuesto definido por María José García Pelayo como la "operación sablazo", por la "subida indiscriminada de impuestos" que contempla "a costa del bolsillo de los jerezanos".
Pelayo ha asegurado que dicha subida de impuestos es "innecesaria. La hacen porque quieren, porque es lo cómodo y lo rápido, en vez de comerse el coco o tener otras cosas en cuenta". En este sentido, recordó que "durante nuestros cuatro años de gobierno no subimos los impuestos, demostramos que era posible, por lo que no estamos exigiendo al PSOE algo que no hicimos".
Por otro lado, la portavoz del PP insistió en que no sólo el Real Decreto ofrece alternativas para cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda, "sino que hay alternativas para lograr el ahorro necesario sin tener que recurrir a subidas de impuestos y poder cuadrar las cuentas".
Así, las "alternativas" del PP pasan, en primer lugar, por reducir en un 10% la partida destinada a estudios y trabajos técnicos, que este año contempla un incremento del 30%, hasta 1,5 millones de euros, lo que, en comparación con 2016 reportaría un ahorro de casi 500.000 euros.
En segundo lugar proponen reducir las gratificaciones en un 5%, lo que reportaría un ahorro de 231.000 euros. "Sólo con estas dos cantidades -apuntó Antonio Saldaña- se puede hacer frente al incremento de plusvalías, que en realidad es de 700.000 euros, según el presupuesto. No entendemos de dónde sacan la cifra de 1,8 millones".
Pero hay una tercera partida que el PP propone modificar, la destinada a los intereses de demora de la deuda con los bancos, que en 2016 ascendía a 2,6 millones y en 2017 se eleva a 6,2 millones. Su propuesta pasa por reducir esa partida a 3,5 millones de euros, para lo que plantean "pagar a tiempo o negociar con los bancos".
En su opinión "hay partidas y espacio suficiente para ahorrar sin tener que recurrir a los bolsillos de los ciudadanos".
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