La instrucción de la pieza separada del Ayuntamiento de Jerez en la trama Gürtel que investiga la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación en el estand del Consistorio jerezano en Fitur 2004 podría alargarse más de lo previsto. Este martes tanto el exjefe de prensa del exsecretario general del Partido Popular (PP) Javier Arenas, Isidro Cuberos, como el técnico del Ayuntamiento de Jerez y que fuera director del Instituto de Promoción de la Ciudad en 2004, José Agüera, ambos citados en calidad de imputados, se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Los dos se pronunciaron en el mismo sentido, alegando que no hablarán de los hechos hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado, en el que piden el archivo de la causa por la prescripción del delito continuado de prevaricación que se les imputa. También resaltan que no se les ha dado traslado del detalle de las actuaciones realizadas, según informaron fuentes del caso.
¿Cuál es el plazo estimado para resolver el recurso?Las mismas fuentes jurídicas apuntan a que la Audiencia Nacional puede tardar unos dos meses.
Si bien el juez Pablo Ruz -anterior instructor de la causa- ya dictaminó en un auto antes de dejar la plaza que el delito no está prescrito, aferrándose a la reforma legal que amplió a 15 años la prescripción de la prevaricación, la defensa de Agüera que ejerce el letrado Juan Pedro Cosano lo tiene claro: la nueva norma no puede aplicarse a la pieza de Jerez, ya que fue aprobada en noviembre de 2004, mientras que los hechos ocurrieron en enero de 2004 y “no puede aplicarse con carácter retroactivo”.
Este miércoles, turno de los cabecillas
Ayer también estaba citada la técnico municipal Lourdes Montenegro, que sólo respondió a las preguntas de su abogado, en las que se limitó a detallar su labor aunque “sin entrar en el fondo del asunto”.
Pese a todo, la comparecencia entre los tres “no llegó ni a la hora”. Cuberos y los dos técnicos municipales fueron imputados en marzo por el juez Pablo Ruz junto a otras cuatro personas, entre las que se encontraban los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo -que declaran hoy- por haber influido presuntamente en la concesión a sus empresas de las actividades que el Instituto de Promoción desarrolló en 2004 en Fitur, en la primera etapa como alcaldesa de María José García-Pelayo.
Según el auto de Ruz, mientras Agüera autorizó la firma de los contratos Montenegro, habría “participado en la elaboración de la documentación” incorporada al expediente de adjudicación “en fecha posterior a la reflejada e incluso en fecha posterior a la presentación de los servicios contratados”.
Estas son las primeras tomas de declaraciones que la Audiencia Nacional realiza dentro de la pieza separada abierta por el juez Pablo Ruz par investigar supuestas irregularidades en las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la trama Gürtel para varios eventos de FITUR 2004.
El juez reabrió esta causa en marzo del año pasado tras recibir un informe policial de la UDEF sobre irregularidades en tres contratos relacionados con la presencia en FITUR 2004 de Jerez por un total de 214.000 euros y por los que el exjefe de prensa de Javier Arenas habría recibido dinero.
En el informe la Policía propuso al juez tomar declaración a Isidro Cuberos porque habría actuado como "intermediario entre las empresas del Grupo CORREA y personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez (Cádiz)" para que las empresas Special Events y Down Town Consulting resultaran adjudicatarias de los contratos.
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