Varios camiones de la empresa pública Tragsa, filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), recogieron durante el día de ayer basuras acumuladas en la vía pública como consecuencia de la huelga de los trabajadores de Urbaser, que se encuentra ya en su tercera semana. Los camiones debieron ser custodiados por furgones del Cuerpo Nacional de Policía, ya que fueron perseguidos por grupos de empleados de la concesionaria de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, que consideraron que su actuación es “ilegal” al vulnerar su derecho a la huelga.
Según el Ayuntamiento, en principio eran cuatro las unidades de Tragsa que debían prestar servicio. Sin embargo, finalmente quedó sólo una de ellas ya que el resto quedo inutilizada en un enfrentamiento con los trabajadores de Urbaser que se produjo de madrugada. Este altercado provocó que se desplazaran a la avenida Cantos Ropero varias unidades del Cuerpo Nacional de Policía.
El comité de Urbaser advirtió de su intención de presentar denuncia judicial por la presencia de los operarios de Tragsa, que van a acreditarse con fotografías tomadas por los propios trabajadores.
Los empleados de la concesionaria también denunciaron haber sido “retenidos” por la Policía Nacional en las inmediaciones de la sede de Urbaser precisamente para evitar “altercados” y permitir que Tragsa pudiera llevar a cabo la tarea encomendada por el Ayuntamiento.
Según el comité, se llegó a identificar a varios trabajadores, a quienes incluso se retiró su identificación a pesar de que aseguran que se limitaban a garantizar la salida de los vehículos que deben atender los servicios mínimos. La versión del Consistorio es bien distinta, ya que habla incluso de un trabajador de Tragsa ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz con la cara “destrozada” como consecuencia de una agresión.
Los argumentos del Gobierno local
Sea como fuere, lo cierto es que esa unidad de Tragsa retiró varias toneladas de basuras depositadas en la vía pública, centrándose principalmente en aquellos puntos de las zonas norte y sur que presentaban una mayor acumulación de residuos. La alcaldesa, María José García-Pelayo, justificó la actuación de la empresa pública Tragsa en el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los trabajadores de Urbaser.
En rueda de prensa, García-Pelayo explicó que desde que el TSJA decretara la ampliación al 50 por ciento de los servicios mínimos se vienen recogiendo diariamente unas 94 toneladas de residuos, frente a los 137 que sería habitual.
Esta circunstancia provoca que actualmente se acumulen en la vía pública unas 3.300 toneladas de basuras, existiendo riesgo de propagación de enfermedades como la gripe, el tifus o la difteria, según un informe elaborado por la Delegación de Medio Ambiente.
La regidora no puso en duda que los camiones de Urbaser salgan a cubrir las rutas previamente establecidas, el problema es que los trabajadores se han “relajado” desde que el TSJA decretó la ampliación de los servicios mínimos del 10 al 50 por ciento. Según García-Pelayo, los operarios de Tragsa que ayer retiraron basuras de la vía pública aseguraron que al levantar las bolsas encontraron “ratas del tamaño de un gato”, algo que el Gobierno local “no va a permitir”.
El Consistorio pondrá todos estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente a lo largo de la mañana de hoy, con la intención de que se abra la oportuna investigación. Se incluirá el informe de Medio Ambiente que alerta de riesgo para la salud pública.
El PSOE llevará al Congreso la actuación de la Policía Nacional
La diputada socialista Mamen Sánchez avanzó ayer que su grupo parlamentario va a solicitar la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández, para que aclare la actuación del Cuerpo Nacional de Policía en estos hechos. De igual modo, estudiará la posibilidad de solicitar también la comparecencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para que justifique el papel que desempeña la empresa pública Tragsa en este conflicto.
Según Sánchez, el ministro Arias Cañete trata de “limpiar las vergüenzas” de su compañera, la alcaldesa, María José García-Pelayo, permitiendo que una empresa que depende de su ministerio se ocupe de la retirada de las basuras.IU también tiene intención de trasladar los hechos al Congreso.
El parlamentario Ignacio García entiende que responden a una intención del PP de “retroceder a un periodo franquista” que esta formación política “añora de manera sistemática” y que le lleva a no admitir “el derecho de huelga”. CCOO, UGT y CGT expresaron su apoyo a los trabajadores y avanzaron de su intención de coordinar una respuesta regional hacia algo que consideran “insólito”, al considerar que los trabajadores en huelga están siendo víctimas de “un atropello”.
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