El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado una reclamación judicial contra la Junta de Andalucía por el supuesto cobro indebido de los recargos de apremio, por valor de 1,5 millones de euros, en los vagones del tranvía entre los años 2011 y 2017. Lo anunció ayer durante el Pleno el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, que justificó la reclamación en base al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que, a juicio del edil, dictaminó el cobro “ilegal” de esas cantidades. Un informe, recordó ayer Bonilla, que dejaba claro que la Junta no debía cobrar esos recargos de apremio a través de la Patrica (Participación en los tributos de la comunidad autónoma) sino que debería haber acudido a la vía del contencioso.administrativo. El Consistorio recurre ahora al contencioso después de que la Junta de Andalucía haya rechazado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Consistorio jiennense. Hay que recordar que la Junta le pasaba al cobro al Ayuntamiento de forma trimestral una factura con los recargos de apremio con el 21% de IVA. Ahora, además de reclamar el cobro indebido de los recargos de apremio, el Ayuntamiento va a exigir también el pago de intereses de demora. De igual forma, Manuel Bonilla informó que ya se está trabajando de forma paralela en otro contencioso por el coste financiero del tranvía que se le está repercutiendo al Ayuntamiento. “Al Ayuntamiento se nos sigue cobrando la parte proporcional del coste financiero del leasing” de los vagones del tranvía, dijo a Europa Press el edil de Hacienda, que estimó en unos 2,2 millones de euros el coste financiero que se le ha repercutido al Consistorio.
En el último Pleno del año, donde no hubo mociones como viene siendo habitual en los últimos años, se aprobaron numerosos reconocimientos extrajudiciales de crédito a favor de distintas empresas. Desde la oposición se criticó el el recurso cada vez más frecuente a estos reconocimientos, aunque el edil de Hacienda, Manuel Bonilla, recordó que durante el mandato de PSOE e In, entre 2007 y 2011, se aprobaron reconocimientos de crédito por valor de 250 millones de euros. Mientras tanto, el Pleno aprobó ayer la aceptación de la donación durante 50 años de la nuda propiedad de la segunda planta del aparcamiento a construir en el subsuelo del solar del antiguo Simago, en la calle San Clemente. Esa planta pasará a tener propiedad municipal una vez que transcurran esos 50 años. La concejala Rosa Cárdenas defendió los beneficios de la operación para el Ayuntamiento y para el conjunto de la ciudadanía, aunque la edil socialista África Colomo cuestionó la falta de transparencia y que no hubiera informe jurídico sobre la servidumbre de paso de esa planta. “El alcalde de Jaén viene ahora a sacar pecho de una inversión que el propio PP boicoteó y que podía haber sido desde hace cuatro años un revulsivo para el comercio del centro de Jaén, que está sufriendo los efectos de la peatonalización tan nefasta que ha hecho Javier Márquez”, criticó en una nota el portavoz del PSOE, Manuel Fernández, tras recordar que el PP puso trabas en su día a esta operación urbanística amparándose en que había caducado la licencia. “Hasta los tribunales a los que acudió la promotora le quitaron la razón a Javier Márquez”, añadió en el comunicado Manuel Fernández.
Bronca política
PP y PSOE escenificaron ayer en el último Pleno del año una nueva bronca política, en este caso en el punto referido a la ampliación del parking de la Constitución. Fue el grupo popular en el Ayuntamiento el que, una vez finalizado el Pleno, censuró el comportamiento del concejal socialista Francisco Estepa, que calificó de “indigno” por “faltar el respeto” al PP a través de un comentario en Facebook en el que aludía a la situación de la edil Rosa Cárdenas como investigada en el caso Matinsreg. “No todo vale en política, y hay líneas que no se pueden pasar porque es intolerable algunas muestras de falta de respeto que concejales del PSOE protagonizan en sus declaraciones públicas”, se censuró desde el PP. Y desde el grupo municipal socialista criticaron que el PP “quiera invertir los papeles haciéndose la víctima”. “La única verdad es que Javier Márquez mantiene en el equipo de Gobierno a una concejala investigada por un posible quebranto económico de casi 4 millones de euros en el Ayuntamiento de Jaén. Que se le recuerde esto no le debe gustar pero es una realidad incontestable”, indicaron en un comunicado. “Que un concejal del grupo municipal socialista refleje en redes sociales que el comportamiento de Cárdenas no ha sido tampoco edificante y recuerde la condición de investigada de la edil no debería ser motivo de alteración en el PP, otra cosa es que no les guste esta afirmación”, se añadió desde el PSOE.
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