El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado a la empresa Bulevar Estepona S.L. el proyecto de construcción del gran bulevar, que persigue transformar la zona de la avenida San Lorenzo y parque Central en un motor de expansión turística para el municipio.
Con una inversión de más de 30 millones de euros, desde el Consistorio estiman que su construcción, que podría comenzar este mismo verano, generará cerca de un millar de empleos directos e indirectos. Contará con instalaciones comerciales, hoteleras y de ocio. Contempla también un futuro ayuntamiento que reúna las dependencias municipales en un edificio de más de 3.500 metros cuadrados.
El equipo de Gobierno popular asegura que concertará con la adjudicataria, que explotará la zona durante los próximos 75 años, la creación de una bolsa de trabajo para que vecinos en paro puedan optar a los nuevos puestos de trabajo.
IU lleva el proyecto a los tribunales
Pero no es oro todo lo que reluce, según denuncia Izquierda Unida que ha llevado hasta los tribunales el considerado proyecto estrella de los populares en Estepona, presentando un recurso contencioso administrativo, al considerar que se está cometiendo una ilegalidad con el patrimonio de los esteponeros.
El coordinador estima en ocho millones de euros el beneficio que recibirá el concesionario del proyecto y alerta de la falta de solvencia de las empresas que presentaron oferta, advirtiendo del negocio que puede realizar con los terrenos, al "vender el derecho de explotación a un tercero".
En cuanto a la empresa que deberá edificar el bulevar, desde Izquierda apuntan a que la Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Bulevar Estepona S.L., Soni Satli Iglesias, es hermana de Jamal Satli Iglesias, relacionado con el caso Astapa por corrupción en el ayuntamiento y accionista de la sociedad propietaria del Málaga Club de Fútbol.
A Izquierda Unida también le ha resultado sospechoso el hecho de que de las tres ofertas presentadas, junto con la empresa Challenge Business S.L, la otra corresponda una persona física, Joaquín Arteaga Pardo, asesor, según dicen, del condenado Juan Hoffman por el caso Malaya de corrupción en Marbella.
Desde la formación advierten de que los ediles populares participantes en la mesa de contratación del proyecto podrían incurrir en los delitos de prevaricación y urbanístico, al cuadruplicar el proyecto, según han denunciado, la edificabilidad permitida en la zona y conceder un contrato a una empresa cuyo objeto social nada tiene que ver con la promoción inmobiliaria, incumpliendo el artículo 47 de la ley de Contratos del Sector Público.
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