El comentario sobre este tipo execrable de delito es oportuno, por cuanto que el 25 de noviembre está fijado como "Día Internacional contra la Violencia de Género". Un día para la reflexión, ya que si nos atenemos a las cifras que comunica el Ministerio del Interior, la situación sigue siendo muy preocupante.
En 2007 se contabilizaron en España 1.882.000 delitos y faltas, un volumen similar al del año anterior, aunque aumentó la violencia doméstica (el 4,2%), junto a la pornografía infantil y la corrupción de menores. Hubo un total de 53.939 delitos de malos tratos en el ámbito familiar, de los que más del 30% se referían a inmigrantes. Las cosas no han cambiado en lo que va de 2008, y así, el número de denuncias van in crescendo (71.022 en 6 meses vs. 126.293 en todo el año 2007, 14% más). Andalucía ofrece la tasa mayor de España.
Se ha dicho repetidamente que el gobierno socialista actual es el que ha mostrado mayor sensibilidad hacia este problema y más medidas ha adoptado. La ley orgánica de Protección integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre de 2004, sería la prueba. Ciertamente, la ley representa a mi juicio un paso adelante en diversos aspectos: la prevención delictiva, sensibilización ciudadana, detección temprana, atención a las víctimas y medidas destinadas a su erradicación; bien que haya sido criticada por discriminatoria, no proteger a personas mayores o discapacitados, no amparar a las parejas homosexuales, medidas protectoras insuficientes, limitada financiación, etc.
De cualquier forma, lo cierto es que su puesta en marcha no ha conseguido una disminución sensible de la casuística general de la violencia ni de la mortalidad en concreto. Creo que el legislador y el propio gobierno deberían meditar acerca de la escasa efectividad de esta bienintencionada ley orgánica.
Puede aducirse que hoy día se detectan más casos porque hay una atención más decidida hacia el problema y se denuncia más, lo cual es cierto; también cabe decir que los efectos de la ley no pueden ser inmediatos, sino que se requiere un plazo razonable para que cale en la sociedad. Un tercer factor sería la integración en la sociedad española de una población inmigrante con un porcentaje de violencia superior al autóctono. O incluso que la ley no ha sido aplicada en toda su extensión por falta de medios o de voluntad ejecutiva. Admitido todo esto como razonable, aún resta por considerar una última causa para explicar esta proliferación victimaria.
Aquí me refiero al profundo cambio sufrido por la familia en los últimos decenios: un cambio que en ciertos aspectos ha sido justo y necesario, como el del progreso de la mujer en la sociedad, pero en otros ha resultado nocivo: tal la dispersión del núcleo familiar, trivialización del sexo, disolución matrimonial facilitada (separaciones, divorcio-exprés) y, por encima de todo, un retroceso de los valores éticos (no sólo de moral religiosa, sino de ética natural) que lleva en la práctica al olvido del bien y de la verdad. En estos aspectos, hay que confesar que la política del gobierno ha ayudado muy poco.
Como quiera que tales causas últimas son de muy difícil abordaje, he aquí por qué ante este problema me muestro decididamente pesimista.
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