Actualizado: 17:25 CET
Domingo, 09/08/2020

España

Anticorrupción pide 38 años y 10 meses de cárcel para Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción solicita 38 años y 10 meses de cárcel para el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo en su escrito de conclusiones

  • Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 38 años y 10 meses de cárcel para el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo en su escrito de conclusiones provisionales de la pieza 'Land' del caso 'Tándem', en la que juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de esa urbanización de lujo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, acordó a mediados de mayo el pase a procedimiento abreviado --equivalente al procesamiento-- de la pieza número 3 de la macrocausa al considerar que había indicios para juzgar a Villarejo, a su esposa, a su socio Rafael Redondo, al excomisario Enrique García Castaño, a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente, por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Se trata de la segunda petición de cárcel que Anticorrupción hace pública respecto de Villarejo, para quien la semana pasada solicitó una condena notablemente mayor, de 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros por diversos delitos investigados en la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

En esta pieza del conocido también como 'caso Villarejo', la llamada Land', se han investigado las actuaciones del comisario en torno a la promotora Procisa. Dos de los investigados, Francisco Peñalver y Susana García-Cereceda, promotores de la urbanización de lujo 'La Finca', así como su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron los servicios del entonces comisario en activo para recabar información sobre en qué situación había quedado la inmobiliaria tras la muerte de su presidente.

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