El Gobierno está estudiando la devolución de los días devengados de la paga extra de Navidad que suprimió en 2012 tras los procedimientos judiciales que advierten que una norma no puede aplicarse con carácter retroactivo y las opiniones que, en el mismo sentido, ha expresado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha asegurado que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, le ha reconocido durante un encuentro mantenido este viernes que el Gobierno tendrá que abonar presumiblemente a funcionarios y personal laboral los días devengados de la paga extra suprimida.
En declaraciones a la prensa, Borra ha recordado que el decreto que suprimió la paga extra se aprobó a mediados de julio, si bien la paga de Navidad había empezado a devengarse, en el caso de los funcionarios, desde el 1 de junio, por lo que los días de paga que podrían recuperarse son 44. En el caso del personal laboral, se podrían recuperar entre 14 y 44 días de paga, dependiendo del organismo al que estén adscritos.
Asimismo, Borra ha destacado que las pagas extraordinarias de los empleados públicos correspondientes a este ejercicio están garantizadas porque el Gobierno no tiene intención de suprimir ninguna en el paquete de medidas de reforma que anunciará el próximo día 26.
En un comunicado, Hacienda ha confirmado que este año se cobrarán las dos pagas y ha indicado que se abrirá, en su momento, un proceso de diálogo para arbitrar medidas con vistas a la recuperación de la segunda paga extra suspendida en 2012.
CSI-F PIDE GARANTÍAS PARA LOS 115.000 AFECTADOS POR LA REFORMA
En el encuentro, CSI-F ha pedido al Ministerio garantías sobre la calidad y la estabilidad en el empleo de los "cerca de 115.000 trabajadores probablemente afectados por la reforma, así como la calidad y el carácter público de los servicios fundamentales que reciben los ciudadanos."
Borra ha destacado a los medios de comunicación que el sindicato ha trasladado al Gobierno la falta de la negociación por parte de los trabajadores dentro de la ley, "pues no está recogida en ninguno de los artículos". "Han reconocido que es cierto y creo que tomarán buena nota de meter la negociación colectiva en la normativa", ha indicado.
Además, CSI-F también ha comentado con Beteta su idea de crear un registro central de asesores, "que debe existir para que haya claridad y transparencia en esos puestos de trabajo que el sindicato piensa que deberían ser desempeñados por empleados públicos".
Asimismo, la organización ha expresado al secretario de Estado la "necesidad" de que se haga un catálogo de servicios públicos que no sean externalizables. "En resumen, hemos estado desgranando la ley y en algunos aspectos se han mostrado receptivos", ha señalado Borra.
Sobre el nuevo paquete de reformas que el Gobierno anunciará el próximo día 26, el presidente de CSI-F ha reconocido que el sindicato "queda expectante a lo que se indique", aunque ha avisado que la organización "va a estar atenta de que para que no sea el colectivo de empleados públicos el que vuelva a cargar con esta situación de crisis".
Por su parte, Antonio Beteta ha trasladado al sindicato que la reforma de la administración local supondrá "una profesionalización de la gestión municipal, ya que se apuesta por funcionarios de carrera, seleccionados de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad".
El secretario de Estado ha asegurado a CSI-F que la reforma "profesionaliza la gestión local y refuerza los instrumentos de transparencia en relación con la actividad de las entidades, racionaliza la estructura organizativa de la Administración Local o favorece la sostenibilidad para evitar endeudamientos que puedan comprometer su futuro, entre otros aspectos".
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