Ya en el año 2009, el anterior gobierno socialista intentó una fórmula urbanizadora denominada «proyecto de cooperación», según la cual la Junta de Andalucía consideraría a estos asentamientos como poblaciones «muy antiguas», pero el plan del medio físico de protección que decretó el ente autonómico sobre la Vega de Antequera impidió que se pudiera llevar a término. «Se trata de un problema que ha generado la propia Junta y que debe solucionar, ya que son ciudadanos que pagan sus impuestos y la situación del suelo les impide urbanizar la zona y contar con los mismos servicios que cualquier otro ciudadano. No pueden ser vecinos de segunda», dijo el concejal.
Unidos contra el decreto. Por otra parte, asociaciones que representan a alrededor de 40.000 propietarios de casas ilegales de toda Andalucía anunciaron ayer la creación de una federación andaluza para luchar contra el decreto de la Junta que regula y clarifica la situación de las viviendas levantadas en suelo no urbanizable, al entender que «no soluciona la situación existente», por lo que han anunciado la convocatoria de movilizaciones. En concreto, la Asociación de Provincial de Viviendas Irregulares de Málaga tiene solicitada una manifestación para el día 28 en Sevilla, a la que se sumarán asociaciones de otras provincias.
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