El dossier de pruebas en que se basa la demanda de Ecologistas en Acción contra la autorización de la Junta al proyecto de gran superficie comercial en Palmas Altas nos retrotrae a los tiempos que el exalcalde Monteseirín calificó como los del “urbanismo bajo sospecha”. Y es que cuanto menos llama poderosamente la atención que el Gobierno andaluz orillara su propia resolución negativa inicial, basada en el análisis que del PGOU de 2006 realizaron sus técnicos en el sentido de que no permitía autorizar en esa zona comercios de más de 1.750 m2, y teledirigiera o indujera una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se fundamentaba en el derogado Plan de 1987, anterior en once años al marco urbanístico donde debía dilucidarse el permiso. Queda en evidencia que se buscó una solución aplicada con otra normativa y en otro contexto urbano y socioeconómico para eludir los límites que imponía el nuevo PGOU del año 2006 y las restricciones a la implantación de nuevas grandes superficies comerciales impuestas por el propio Gobierno andaluz y reflejadas en el Plan General vigente. Independientemente de lo que puedan decir los tribunales en su momento, si es que se pronuncian dado el tiempo transcurrido, queda claro cómo desde el mismo Poder se retuerce el urbanismo cuando conviene: si no sirve a ciertos intereses el PGOU de 2006 se invoca entonces el de 1987, aunque no esté en vigor.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
