Apenas conocida la decisión de la Junta de renunciar a la Ciudad de la Justicia en Los Gordales (ubicación elegida por Monteseirín de manera ilógica al pertenecer el 75% de los suelos al Estado y obligar al costoso traslado de la Feria), el decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, se ha apresurado a defender, en nombre de su entidad y en el de otros colectivos jurídicos, la opción del Prado de San Sebastián, que a su vez ha sido descartada por el alcalde. Si se planteó la Ciudad de la Justicia fue por la saturación e insuficiencia de las sedes judiciales en el Prado, que han provocado su dispersión al edificio Viapol y su entorno.
Para tratar de complacer a los inmovilistas sectores jurídicos y perteneciendo también él a la carrera judicial, Zoido ideó durante su mandato como alcalde un proyecto en el Prado que, ante la evidente falta de espacio, obligaría a construir en altura edificios de hasta 30 metros, con un enorme impacto visual sobre la Universidad y el Alcázar. Esa opción podría provocar otro enfrentamiento con la Unesco, a la que se prometió que no habría más amenazas sobre el Patrimonio Mundial como ocurrió con la torre Pelli. En vez de empecinarse en no salir de su zona de confort, el colectivo jurídico debería ser el primer interesado en ayudar a las Administraciones a buscar una alternativa viable, salvo que prefiera mantener el “statu quo” y que no haya Ciudad de la Justicia.
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