La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella presentada por dos bonistas contra los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes les ha impuesto una fianza civil de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente.
En un auto, la juez cree que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock.
La magistrada acuerda además pedir a Abengoa la información que tenga de pagos hechos en 2015 a Benjumea (expresidente) y a Sánchez Ortega (ex consejero delegado) por abandonar la empresa, cantidades que se corresponden con las fianzas civiles que deberán abonar en 24 horas.
Si no lo hacen, añade el auto, se procederá a la adopción de medidas cautelares sobre sus bienes.
También pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que le entregue la información sobre esos pagos así como de las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto realizadas por el fondo Blackrock.
Junto a esto, pide al juzgado de lo mercantil 2 de Sevilla la solicitud de preconcurso de la empresa energética, así como a la consultora Deloitte la copia del último informe emitido sobre las cuentas y resultados de Abengoa.
En el auto, la magistrada recoge las acusaciones de los bonistas que califican de "horrible" la gestión de la empresa y acusan a los querellados de haber abandonado la misma poco antes de que se presentara la situación concursal con unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa.
Asimismo se denuncia que, tras abandonar la empresa, el ex consejero delegado fue contratado por la empresa Blackrock, en la que "se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de Abengoa mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma".
Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores lastrada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.
La empresa negocia ahora con sus acreedores la búsqueda de una solución que evite el que sería el mayor concurso de la historia de España.
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