La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de San Roque ha anunciado que, como órganos de representación de los trabajadores, apoyan la propuesta que, en declaraciones del alcalde, se va a llevar al pleno de mañana sobre el Recurso relativo al conflicto en: “Defensa de la Autonomía Local regulado en la Ley del Tribunal Constitucional”.
Tanto la Junta de Personal como el Comité de Empresa comparten los planteamientos que fundamentan la presentación de este Recurso al Tribunal Constitucional ya que "es una Ley que quita competencias a los ayuntamientos vulnerando con ello la garantía constitucional de la autonomía local" y "establece mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad por parte de otras administraciones (provincial, autonómica y estatal) que sitúan a los ayuntamientos en una posición de subordinación o dependencia jerárquica".
Además, argumentan que "respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria, la nueva Ley no solo contempla que es la Administración central quien impone a los ayuntamientos la obligación de cumplirlo, sino que también puede determinar las medidas que deben aplicarse para conseguirlo, lo cual es una invasión en toda regla de la autonomía de cada entidad local para optar por las medidas que considere más oportunas".
Estiman también que "al reducir considerablemente las competencias propias de los ayuntamientos, pone en peligro el conjunto de los servicios públicos municipales que se dan en la actualidad, con el consiguiente perjuicio para los vecinos y vecinas, que pueden ver mermados sus derechos; así como para el empleo público, que puede verse afectado también; a la vez que abre las puertas a la privatización de buena parte de ellos".
Explican que "cuando se alude a que este reforma de la Ley es necesaria para garantizar la reducción del déficit y el control del gasto, no es cierto, puesto que esto ya había sido regulado con la aplicación de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; y se había hecho además de una manera natural, y con el sistema político y de autonomía local vigentes antes de la aprobación de esta reforma de la ley de Bases de Régimen Local; es decir, sin necesidad de reducir las competencias y autonomía local".
Así las cosas, consideran que "con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en realidad no se resuelven los problemas reales de los ayuntamientos. Lo que se precisa es, entre otras cuestiones, una nueva Ley de Financiación Local; la transformación del actual sistema tributario local caracterizado por su ineficacia y su falta de equidad tributaria (los tributos locales son de carácter patrimonial y se basan en criterios de proporcionalidad y no de progresividad, con clara vulneración del artículo 31 de la constitución); un nuevo sistema de reparto en la participación en tributos del estado que venga a mejorar la cuota municipal, etc".
Desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa han querido transmitir a los trabajadores, a los representantes de los distintos partidos políticos con representación en este Ayuntamiento y a la ciudadanía, "nuestro compromiso y defensa de un modelo de municipalismo democrático y de servicio público. Un modelo de municipalismo, y de Ayuntamiento, que tenga autonomía para atender a las necesidades de sus vecinos y vecinas; que tenga capacidad de acción para priorizar cuáles son las políticas y programas que tiene que desarrollar en su territorio para dar respuestas a esas necesidades, y que pueda realizarlo en bases a unos servicios públicos municipales, de proximidad, basados en la calidad y en la eficiencia".
Por todo ello, además, hacen un llamamiento "a todos los concejales de esta Corporación para que expresen, con su voto favorable, el apoyo a la presentación de este Recurso ante el Tribunal Constitucional. Al hacerlo no sólo estarán defendiendo a la democracia local y a su ayuntamiento, sino también, y más importante aún, a todos los vecinos y vecinas, a los que que gracias a sus votos representan y a los que no podrán defender y ayudar en sus problemas y necesidades, con la nueva Ley que ha sido aprobada ya que el vacío competencial de los Ayuntamientos y la reducción en su capacidad de actuación es brutal", concluyen.
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