José Luis Fernández Núñez, coordinador local de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), ha expresado el apoyo del Consejo Local de su partido a los dos exescoltas que iniciaron una huelga de hambre el mes pasado en la entrada del centro penitenciario de Botafuegos para reclamar un puesto de trabajo a la empresa de seguridad que ha sido adjudicataria de los servicios de vigilancia en el mismo.
El portavoz local de UPyD ha considerado que el Estado tiene una deuda moral con este colectivo, porque su trabajo ha permitido que la democracia se asiente de manera efectiva en nuestro país, siendo ahora cuando se debe poner sobre la mesa la voluntad política que procure una salida digna a estos profesionales.
Para Fernández, Ministerio de Interior no ha cumplido con lo prometido para recolocar a escoltas que trabajaron en País Vasco y Navarra en los nuevos puestos de trabajo que se crearían para vigilancia de algunas cárceles.
Según han manifestado diversas asociaciones de escoltas, no se está dando prioridad a este colectivo, sino que las empresas adjudicatarias del servicio de vigilancia en las cárceles, están eligiendo a su voluntad al personal que ocupará estos puestos de trabajo, sin que exista un control para comprobar que sean los escoltas quienes optan a los mismos.
Ante todo ello, Fernández también ha pedido a los sindicatos a que actúen de intermediarios para lograr un solución satisfactoria en este asunto y garanticen a los escoltas una defensión que les ha sido negada por parte del Gobierno del PP.
Por último, el coordinador local de UPyD ha considerado precipitada la retirada de escoltas a cargos políticos de País Vasco y Navarra, y ha señalado la necesidad de realizar un exhaustivo análisis de riesgo ante la indefensión que sufrirán los posibles afectados, ya que, como aseguran los propios escoltas, la realidad es que el terrorismo sigue acosando diariamente a numerosas personas y a sus familias.
Más transparencia
Tanto asociaciones de guardias civiles como sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. Según respuesta parlamentaria a UPyD, lo que se pretende es que determinadas funciones de seguridad puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los vigilantes actuarán como medio auxiliar de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal como determina la ley 32/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, realizando funciones como la vigilancia de garitas o controlando los accesos y las cámaras de seguridad. En esta primera fase nunca actuarían en solitario. Llegados este punto, conviene reseñar que para ejercer de escoltas es preceptivo la previa obtención del título de vigilante de seguridad.
Para evitar malinterpretaciones, conviene señalar que en ningún caso estos vigilantes de seguridad ocuparían plaza de funcionario, dado que el ejercicio de las funciones que implican participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos (funcionarios de carrera); tal y como se recoge en el artículo 9.1 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
No obstante, el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que habría que cambiar este ley, algo que aún no se ha hecho.
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