“Fue una orden política -aseguró José Luis Velázquez-, se hizo para dar un escarmiento al pueblo de Chiclana, demostrar que ellos (los actuales 25 Concejales) son los que mandan. La Orden Judicial de Derribo no existió nunca. Fue un lamentable día, con algo que nunca debió ocurrir”. Velázquez criticó que ninguno de los 25 concejales de la Corporación “hicieran algo por evitarlo”.
Según Velázquez, poco antes de comenzar la rueda de prensa firmó ante notario que reformaría las ordenanzas de las AGB “si llegamos a gobernar o formamos parte del equipo de gobierno”. Comparó los precios previstos por el cuatripartito de Butrón y Marín, por el Tripartito de Román y los suyos: Velázquez puso el ejemplo del Área de Gestión Básica del Marquesado: “El coste por cada 1000 m2 del cuatripartito era de 43.076,26 euros, el del tripartito de 39.477,33 y el que nosotros hemos calculado asciende a 23.230,76 euros, una clara diferencia”.
Señaló el candidato a la alcaldía por DIPA que “hay que comprometerse a hacer lo que se dice y si somos parte del equipo de gobierno pondremos en funcionamiento este documento y no derribaremos ninguna vivienda sin orden judicial”.
Velázquez criticó a José María Román “para que Tocino dejara la huelga de hambre llegó a un acuerdo para explicarle lo ocurrido y un año después no le ha presentado ningún documento que justifique echar abajo diez viviendas, y tampoco ha querido recibirlo”.
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