Familias con niños pequeños, madres solteras, un padre separado con la custodia compartida de dos hijos o personas mayores. Más de diez familias conforman la nueva Plataforma por una Vivienda Digna de Cádiz, aunque reconocen que cada día reciben peticiones para solicitar información y nuevas solicitudes. Desde hace más de una semana se concentran diariamente a las puertas del Ayuntamiento para visibilizar su problema y recoger firmas que apoyen su causa.
Lo único que pido es una solución, porque me veo en la calle con un niño chico después de una larga espera"Exigen, entre otras medidas, un incremento del gasto público en la construcción y puesta en mercado de la vivienda protegida, ayudas al alquiler social, la prohibición de la creación de nuevas viviendas de alquiler vacacional o un Plan de emergencia real y efectivo a todas las familias en riesgo de exclusión. La próxima semana harán público un manifiesto donde expondrán estas y otras peticiones en materia de vivienda.
Entre este colectivo se encuentra Juani, que se encuentra esperando a que el piso que tiene apalabrado quede libre en unos meses. Tras ser desahuciada el pasado mes de febrero actualmente no dispone de vivienda, por lo que solicita una solución habitacional temporal para ella, su marido y sus dos hijos. Su madre también fue desahuciada, aunque según nos cuenta “su caso parece estar ya en trámites para solucionarse”.
A ella se suma Miguel Ángel Mulero, a quien desahuciaron en marzo y también solicita una habitación en la clínica San Rafael, donde hay una planta habilitada para estos casos, hasta que encuentre una vivienda social que pueda permitirse. Dispone de empleo, pero el sueldo no resulta suficiente para los requisitos de los alquileres actuales.
David Sneichder, padre de cuatro hijos y desempleado, sin un contrato de alquiler desde el pasado junio debido al retraso en los pagos de la ayuda del alquiler de Asuntos Sociales. “Por este retraso el dueño no me quiso renovar y me dio un plazo de cinco meses para ver si a través de Procasa puedo acceder a otra vivienda, ya que llevo catorce años inscrito como demandante”. Su situación de desempleo no le permite acceder a un alquiler, al no disponer de nómina ni recursos. “Queremos que el Ayuntamiento y la Junta se den cuenta de que tiene que cambiar esta situación”, señala.
Esther del Río, madre soltera y sin trabajo, también se encuentra en el puesto número 15 a la espera de una vivienda de Procasa. “Lo único que pido es una solución, porque me veo en la calle con un niño chico después de una larga espera y de escuchar que lo mío va a llegar pronto, pero lo mío tiene que llegar ya”, nos cuenta.
Estos son algunos de los casos, aunque existen otros más. Familias que luchan sin querer hacer pública su situación por vergüenza. Por ello solicitan que se apliquen medidas desde el Ayuntamiento y desde la Junta de Andalucía en materia de ayudas, creación de vivienda social, presión fiscal de las viviendas desocupadas, control de los alquileres vacacionales, el cambio en los baremos de Procasa, la publicación de la adjudicación de viviendas municipales y que la Plataforma Por Una Vivienda Digna Cádiz, sea informada de las gestiones relativas a la vivienda de alquiler social sean aprobadas por el consistorio gaditano.
El Ayuntamiento lamenta el “uso político” de las familias por el PP
El portavoz del Partido Popular, Juancho Ortiz, en una rueda de prensa ofrecida ayer sobre el balance de los cien primeros días del equipo de gobierno, exponía que el alcalde “había dejado de gastar más de 12 millones de euros” pertenecientes a los presupuestos de 2018. Ortiz hizo referencia a las familias de la plataforma para exponer que “cómo les podemos decir a estas familias que no se ha invertido esa cantidad mientras ellos están en la calle”. “Al equipo de gobierno se le debería caer la cara de vergüenza”, añadía.
Para el popular, el Ayuntamiento “está dejando de gastar en viviendas y en ayudas al alquiler”. “El gobierno de Podemos presupuesta cerca de un millón de euros para vivienda pero no invierte ni uno sólo. Este era el partido que iba a erradicar la infravivienda en la ciudad, destinando y 0,5% en cuatro años en los presupuestos”, añade.
“Lo que más me duele a mí, junto con Carmen Sánchez, es que durante muchos años estuvimos en un gobierno local que no escatimó en ayudas para las familias”.Ante estas declaraciones, el equipo de gobierno ha lamentado la “falta de escrúpulos” del Partido Popular, “que utiliza políticamente a familias en situación de exclusión”.
Ante esto, desde el Gobierno municipal recuerdan que en el Pleno de septiembre una de las personas demandantes de vivienda contó que había intentado parar por la calle al portavoz del Partido Popular para contarle su situación, y el portavoz popular ignoró sus reivindicaciones.
“Es despreciable que el PP primero menosprecie a la gente que se encuentra en exclusión en la ciudad de Cádiz y luego los use políticamente sin ni siquiera pararse a hablar con ello por clasismo”. El gobierno local entiende la situación de desesperación que sufren estas familias. Es por ello que “estamos trabajando y están atendidos cada uno de los casos, ofreciéndoles diferentes alternativas que se ajusten lo más posible a sus perfiles dentro de las limitaciones que tiene esta ciudad en materia de vivienda”.
“Al PP se le olvida que en Cádiz capital sufrimos en 2014 casi 300 desahucios, se produjeron 284 en concreto. Tenía lugar un desahucio prácticamente todos los días. Y nada más llegar pusimos en marcha el protocolo antidesahucios y hemos atendido a más de 400 familias. Así que consejos pocos nos puede dar el PP. Porque mientras nosotros invertimos para que la vivienda y las condiciones de habitabilidad sean un derecho, ellos trataban Procasa como una inmobiliaria y especularon con el derecho a la vivienda de los gaditanos y gaditanas”, añaden.
Conscientes de que aún queda mucho por hacer, “nos duele muchísimo que familias de Cádiz sigan sufriendo la exclusión social, y lamentamos y sentimos enormemente que desde las instituciones no podamos llegar a todas partes”. No obstante, se están dando pasos en esa dirección, “con proyectos que apuestan por el alquiler social, con 63 viviendas en Santa María, Cruz, Botica y Marañón, además de ayudas para el pago de los alquileres y 700.000 euros en mejorar el parque público municipal”.
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