La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha citado el 25 de abril próximo al obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos para que declare como investigado -antes imputado- por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en 2009 al geriátrico del Obispado gaditano.
Además de Ceballos, la juez cita como investigados, en esta nueva pieza de los ERE, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exviceconsejero Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Juan Márquez y al ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois.
La citación de la juez, según un auto al que ha tenido acceso Efe, se produce después de que la Guardia Civil le pidiera incluir en el caso de los ERE como investigado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta.
La Guardia Civil dijo en un atestado entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso, que "puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias" del obispo emérito de Cádiz.
La juez, sin embargo, no precisa el delito que le imputa al obispo y al resto de ex altos cargos, y solo indica que "los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".
Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una "intervención directa" con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica, que se hizo "prescindiendo del procedimiento" establecido, según la Guardia Civil.
Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta de Andalucía inició una revisión de oficio en abril de 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE.
El 23 de julio de 2012, la Junta dictaminó que se debía devolver la ayuda concedida al Obispado, que era nula, recuerda la juez.
Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, "ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios", indica la instructora.
Tras esa decisión, el Consejo Consultivo de Andalucía aprobó por unanimidad, el 30 de enero de 2013, archivar el expediente, y el 25 de febrero del mismo año, el exconsejero Antonio Ávila decretó el archivo de las actuaciones, recuerda la juez.
La Guardia Civil, en su atestado, consideró que con esta actuación se está "dando la impresión" de que los responsables de la Junta de Andalucía buscaran "la REDENCIÓN a través de la intercesión del Obispado".
Esa ayuda se concedió "vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia", principios que deben regir los actos de la Administración Pública, agrega la Guardia Civil.
El atestado policial afirma que "no se ha acreditado suficientemente" el carácter excepcional de la subvención, y añade que "hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió".
También reprocha que no consta la relación de beneficiarios en el expediente y que el importe del gasto justificado "sobrepasa" la cuantía de la ayuda concedida, que "pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas".
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