La asamblea local de Izquierda Unida (IU) en Arcos pide al Ayuntamiento de la localidad que inste al presidente del Gobierno de España a retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado a la Ley para asegurar la función social de la vivienda de Andalucía; que colabore, en coordinación con la Consejería de Fomento y Vivienda, con los promotores privados de viviendas protegidas deshabitadas de la ciudad en pasar estas viviendas de venta a alquiler para facilitar el acceso al derecho a la vivienda de los vecinos arcenses; que inicie un diálogo con la Consejería de Fomento y Vivienda para acordar las acciones políticas necesarias para que, en el menor plazo de tiempo posible, las viviendas protegidas deshabitadas en la ciudad cumplan la función social que se establece en la legislación vigente.
IU recuerda que, aunque esa posición dificulta la movilización del parque de vivienda deshabitada, que atesoran las entidades financieras, al alquiler, el Estado Social de Derecho y la Junta de Andalucía tienen instrumentos legales para intervenir y facilitar el derecho a la vivienda para miles de ciudadanos, sobre todo en el parque de vivienda protegida.
En Andalucía, hay 5.620 viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada, de las que no consta que cumplan la función social de la vivienda, estando muchas de ellas con calificación definitiva desde el año 2008 y destinadas tanto a la venta como al alquiler. La experiencia desarrollada por la Consejería de Fomento y Vivienda que, en el último año ha movilizado al alquiler sus 638 VPO no adjudicadas, “puede servir de ejemplo para los demás promotores públicos y privados que mantienen deshabitadas miles de viviendas protegidas”, según la organización política.
“Ante esta situación, las instituciones, los representantes de la ciudadanía y los gobiernos democráticos tienen la responsabilidad de impulsar políticas que den respuesta a los problemas y necesidades de la mayoría social. En estos momentos, se requiere el ejercicio de la función social de la política. Un ejemplo claro de ello ha sido la acción desarrollada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, especialmente con la Ley para asegurar la función social de la vivienda, que daba respuesta a los afectados por la deuda hipotecaria y afrontaba el problema de los cientos de miles de viviendas deshabitadas en nuestra comunidad”, expresa IU.
“El presidente del Gobierno de España ha preferido garantizar la especulación y los intereses financieros antes que rescatar a las familias con su recurso de inconstitucionalidad”, sostiene la formación política.
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