Ambos grupos cuestionaron en estos términos la aplicación del Acuerdo de Concertación después de que la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, asegurara en una comparecencia parlamentaria que el consenso supone una "inyección" de confianza a toda la sociedad andaluza y es "clave" para los retos futuros.
La consejera, que rechazó los incumplimientos de los anteriores, aunque dijo que el cumplimiento es "mejorable", cree que la concertación ha demostrado "sobradamente su eficacia".
Reconoció que el nuevo acuerdo está influido por la crisis y su impacto en términos de destrucción de empresas y empleos en Andalucía, por lo que comentó que tiene un "especial valor, al permitir actuaciones necesarias para salir de la situación".
El documento prevé medidas a corto plazo, de apoyo financiero, de refuerzo de la actividad productiva y otras que inciden directamente sobre el deterioro de la renta disponible de las familias y sobre el mercado de trabajo.
Su parte "nuclear" se centra, según la consejera, en actuaciones para propiciar cambios en el patrón de crecimiento que sirvan para fortalecerlo, y engloba un eje transversal de sostenibilidad.
También plantea avanzar hacia un modelo de desarrollo económico basado en la competitividad, la innovación, la formación durante toda la vida, la cohesión social y territorial, y el uso racional de los recursos naturales.
Los recursos financieros previstos para los cuatro años de vigencia del Acuerdo ascienden a 19.825 millones, de los que 5.198 se destinarán a financiar los compromisos incluidos en el Eje de Empleo y los derivados de actuaciones en Educación y Atención a la Dependencia, y los otros 14.626 para gasto de inversión, lo que supone un incremento del 24%.
Esperanza Oña, portavoz del PP-A, se refirió a los seis acuerdos anteriores para "constatar" que la realidad económica andaluza pasa por mayor índice de paro, menos renta, más discriminación laboral femenina y menor cualificación, denunció.
La popular defendió la necesidad de la concertación con los agentes económicos y sociales, pero argumentó que el acuerdo será positivo cuando se conozcan sus resultados.
Oña cuestionó los resultados de los seis acuerdos anteriores, lo que vinculó a la "persistencia" de las políticas "fracasadas" de la Junta en este tipo de consensos con los agentes económicas y sociales, a pesar de conllevar -dijo- una dotación "millonaria de 109.000 millones".
En su opinión, el VII Acuerdo contiene "igual medidas" que los anteriores, aunque "maquilladas", sobre todo -agregó- teniendo en cuenta que la situación económica es "mucho más difícil".
"Han aumentado las medidas y los recursos, pero diga con honestidad, señora consejera, si tenemos o no los peores niveles de bienestar", preguntó Oña, que abogó por reformas "profundas y severas" para sacar de la pobreza al "30 por ciento" de los andaluces.
Pedro Vaquero, portavoz en Economía de IU, expresó su satisfacción por el acuerdo y el diálogo político y social que implica, pero estimó que la ausencia de otras ponen en "entredicho" el cambio del modelo productivo que pretende el Gobierno.
"Es un acuerdo que para nosotros es incumplible porque la Junta viene incumpliendo los anteriores", señaló, al tiempo que pidió que el Parlamento cree una comisión de seguimiento del VII Acuerdo de Concertación.
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