"Traición, sumisión o acuerdo ilegal" fueron algunos de los duros calificativos empleados por populares e IU para definir el acuerdo, basado en la cesión de suelos del Estado y de la sociedad AGESA, una fórmula que fue defendida por la titular de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, como "absolutamente legal y válida".
La consejera, que admitió que todas las administraciones tienen dificultades para disponer de dinero, opinó que se trata de una "ventajosa y oportuna fórmula" para la Junta, que ingresará el dinero que los solares suponen, es decir que "haremos un negocio jurídico con los suelos", indicó.
Para Martínez Aguayo, en todos los terrenos existen solares que permiten la edificación inmediata y suelos que precisan de un desarrollo y gestión urbanística, por lo que será EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía), entidad instrumental de la Junta, la encargada de "llevar a buen fin este negocio jurídico" mediante la adquisición de patrimonio.
La relación de derechos y propiedades se ha elaborado a iniciativa de la Junta de Andalucía y ha sido consensuada con la Administración General del Estado, si bien todo queda pendiente de la tasación definitiva de los mismos.
Insistió la consejera de Economía y Hacienda en que la lista es provisional y que se podría ver alterada, a través de su ampliación o sustitución de unos terrenos por otros hasta completar el pago final de las asignaciones complementarias de la deuda histórica.
La rentabilización de la transmisión se destinará a vivienda, a sanidad y a educación, en el marco de la política general de la Junta de Andalucía, revirtiendo el pago de las asignaciones complementarias en toda la ciudadanía andaluza, subrayó.
Antonio Sanz, diputado del PP-A, calificó de "traición histórica" el método de la liquidación, que consideró "ilegal y fraudulento, un robo político y una desvergüenza", enfatizó.
Al igual que portavoz el de IU, Diego Valderas, los populares advirtieron al Gobierno andaluz que el acuerdo "bilateral" alcanzado con el Ejecutivo central "al margen" del Parlamento supone "romper" el consenso del actual Estatuto de Autonomía.
"Han vendido el Estatuto a precio de saldo por su actitud sumisa. El PP no da ni mucho menos por liquidada la deuda histórica, que seguirá viva", alertó Sanz.
De hecho, el popular anunció que su partido utilizará todos los resortes del Estado de Derecho para evitar esta "mofa" a los andaluces.
Diego Valderas, portavoz de IU, optó por emplear adjetivos como "tardanza, confusión, rendición o renuncia" para definir el acuerdo sobre la liquidación que su grupo denunciará en los tribunales de lo contencioso-administrativo y promoverá movilizaciones.
Recriminó a la Junta que haya "despreciado" al resto de grupos antes de concretar el acuerdo y cuestionó el cobro de la deuda en solares en un momento en el que el suelo se ha depreciado y "sin saber" si se ajusta a los 784 millones pendientes de cobrar.
"El Estatuto fija asignaciones complementarias y nadie hasta que ha llegado Griñán al Gobierno había hablado de cobrar en especias y de consumar una sumisión que perjudica a Andalucía", denunció.
El portavoz socialista, Manuel Gracia, manifestó que el crédito del PP en relación con la deuda histórica es "ninguno", y recordó que durante los ocho años de gobierno de este partido, con Javier Arenas al frente, "no se hizo absolutamente nada" por liquidar la deuda histórica.
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